Calamitoso, funesto, ruinoso, nefasto, vergonzoso o lamentable. Son muchos los calificativos que se pueden usar para describir el estado de la estación de autobuses de Valladolid.Aunque parece que no son suficientes para que la Junta de Castilla y León tome cartas en el asunto, que no es nuevo, y exija a la concesionaria de la gestión que dignifique una infraestructura que usan a diario miles de vallisoletanos para sus desplazamientos. Pero no hay que olvidar que también es la puerta de entrada para muchos de los visitantes que llegan a la capital. Y la primera impresión que se llevan no es precisamente muy positiva.
La infraestructura es indigna para una ciudad como Valladolid, y más si se tiene en cuenta el plan de renovación de otras estaciones en el resto de capitales de provincia de la región. Ante las denuncias reiteradas, la Junta se defiende explicando que están exigiendo a la empresa concesionaria el cumplimiento del contrato de la concesión, mientras se hace realidad la nueva dotación prevista junto a la estación de tren. Pero claro, el problema de esa nueva dotación es que depende de si se ejecuta el proyecto de integración del ferrocarril o de si el alcalde de Valladolid consigue recuperar el del soterramiento y eso condiciona la ubicación propueta para la estación. ¿Cuándo se resolverá esta incógnita? Esa es la pregunta del millón, pero la predisposición de la partes no parece buena para llegar al acuerdo.
El Ministerio de Transporte, con el exalcalde de Valladolid a la cabeza, sigue defendiendo el proyecto de integración. El regidor vallisoletano asegura que tomará todas las medidas en su mano para frenar esta opción y recuperar la de soterrar las vías. Un camino en el que tiene el apoyo de sus compañeros de partido, que gobiernan en la Junta. Un pulso entre administraciones que no pronostica resultados inmediatos positivos para los ciudadanos, y que deja en el aire muchas más preguntas que respuestas.
Esto se está convirtiendo en un problema endémico en España. Los gestores públicos deben resolver los problemas que se plantean no buscar a quién culpar del problema. No valen excusas cuando se deben garantizar servicios públicos, ni convertir todas las cuestiones en una confrontación política de la que intentar sacar algún rédito porque los damnificados son siempre los mismos: los ciudadanos.