Una protesta, no prevista en el intenso calendario de manifestaciones que rodearon la Convención Nacional del PP y que se saldó con tres detenidos y ocho heridos -tres de ellos policías, motivará la más que posible comparecencia del ministro del Interior en el Congreso de los Diputados. Al menos esa es la intención de la portavoz del Grupo Socialista y diputada por Valladolid, Soraya Rodríguez, que ayer registró la petición de comparecencia urgente de Jorge Fernández Díaz, y del delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, para explicar estos sucesos. En la misma línea, Izquierda Unida de Valladolid dio un paso más y pidió la dimisión del subdelegado del Gobierno en la provincia, José Antonio Martínez Bermejo.
Pero qué sucedió el domingo para que una protesta protagonizada por un grupo de entre 60 y 70 personas acabara con tres detenidos y ocho heridos. El relato de los hechos varía mucho según las fuentes consultadas. Así, según la versión oficial, sobre las tres de la tarde la Policía informó de que un grupo de personas, una vez acaba la manifestación ‘Por el empleo digno’, se acercó a la plaza de Coca. Allí, según el relato del subdelegado, se acercaron a varios bares, lo que motivó que la Policía les advirtiera que la manifestación ya había finalizado y que debían disolverse. Y ante las «aparentes» intenciones de entrar a uno de ellos, «y los insultos y agresiones» decidieron intervenir, según Bermejo. «Lo del domingo se sale del derecho de reunión. Estaba generando una situación delicada en zona de hostelería, donde había gente de todo tipo y condición pasando la mañana del domingo. La Policía les advirtió de esto, y ante los insultos y agresiones les detuvo». Estas detenciones provocaron, según la Subdelegación, la reacción del resto del grupo y los consiguientes incidentes.
Por contra, desde el 15M Valladolid, Stop Desahucios y, también según las declaraciones de tres de los heridos en los incidentes, se niegan las provocaciones y agresiones, y se denuncia la «desmesurada» carga policial. «En ningún momento los concentrados intentan romper el cordón policial lanzando manotazos y patadas a los agentes», aseguró un portavoz del 15M.
Sólo hay un punto de coincidencia. Ambas partes citan un vídeo, que desde el domingo circula por las redes sociales, donde se puede ver parte de la refriega. A juicio del subdelegado del Gobierno sería deseable que ese vídeo «también mostrara los 20 minutos anteriores y los 20 minutos siguientes. El vídeo es parcial, muy parcial. Es un fragmento y está relatado desde un interés de parte. Invito a que lo ponga en su integridad para comprobar que la Policía no tiene porque soportar patadas, insultos, ni vejaciones de ningún tipo», reiteró. Por su parte, desde el 15M y Stop Desahucios se argumenta que «si no hubiera existido la presencia de un fotógrafo previsiblemente la Policía nos hubiera linchado, y si no existiera un vídeo tampoco se sabría lo ocurrido». Ademas, estos grupos tienen intención de utilizar esta grabación, junto con otras «pruebas», para emprender posibles acciones por la vía judicial contra los funcionarios que intervinieron en el operativo.
Reacciones. El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, también valoró ayer los sucesos. Aseguró que «el problema» es que «hay gente que no respeta los acuerdos que se toman» en las manifestaciones y que la Policía «está para que se cumpla la Ley». Además, reconoció que el domingo acudió a comer al establecimiento frente al que se desarrollaron los altercados, después de que se produjeran estos, y subrayó que «había un montón de gente procedente de la convención» pero que no se encontraba allí «algún ministro». De la Riva concretó, eso sí, que saludó al presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner.
Por su parte, el PSOE que pidió el mismo domingo explicaciones por los sucesos, presentó ayer en el Congreso una petición de comparecencia urgente del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, para que expliquen la actuación policial. Una petición que se basa, según Soraya Rodríguez, en el «uso desproporcionado de la fuerza» y «abuso de autoridad» ejercidos. Una línea que también ha seguido Izquierda Unida que ha pedido la dimisión del subdelegado del Gobierno, mientras que el Grupo de la Izquierda Plural registró en el Congreso dos preguntas al Gobierno para exigir esa dimisión y que se retiren los cargos imputados a tres detenidos .