En toda crisis hay parias, y en la de la covid-19 los contagiados que meses después siguen con sintomatología y tienen el bautizado como covid persistente se sienten así. En poco menos de dos años nos hemos tenido que enfrentar a una pandemia que ha puesto el mundo patas arriba. Los esfuerzos para atender y salvar la vida de los que enfermaron todavía pasan factura a un sistema sanitario que se tensionó al máximo y que ahora debe hacer frente a una nueva epidemia.
Los estudios calculan que al menos un diez por ciento de los contagiados están afectados por una enfermedad, que ya ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud. «La afección se produce en individuos con antecedentes de infección probable o confirmada por el SARS-CoV-2, generalmente tres meses después de la aparición de la covid-19 con síntomas que duran al menos dos meses y que no pueden explicarse por un diagnóstico alternativo». La misma definición refleja el problema al que se enfrentan los médicos y los pacientes: una enfermedad que plantea más preguntas que respuestas. Este desamparo hace que el trayecto hacia la recuperación, que inicialmente se apuntaba en un periodo de entre año y medio y tres años, sea muy arduo e incluso conlleve trastornos más duraderos. En primer lugar todavía hay pocas unidades específicas para tratar esta patología, que seguirá creciendo conforme se incremente la cifra total de contagiados. Además, se mantiene un gran desconocimiento social  y muchos siguen asociándolo únicamente a procesos graves de infección.
Todo esto hace que los afectados se sientan un tanto abandonados por el sistema sanitario. Pero ahora alzan la voz porque las consecuencias también se extienden a la parte laboral, ya que se están produciendo altas del INSS tras el periodo máximo de baja antes del inicio de un expediente de incapacidad laboral. Una vez más la administración va más lenta que la realidad, pero es necesaria la empatía y responsabilidad de los gobernantes para afrontar los cambios legislativos pertinentes. La covid persistente debe reconocerse como enfermedad, algo que ya se ha hecho en el caso de los sanitarios. Este es un paso indispensable y la base para que los enfermos que siguen incapacitados para reincorporarse a su trabajo no se vean expulsados del mercado laboral. Un doble castigo que no se merecen.