La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que tumba la ordenanza aprobada por el PP y Vox para revertir los cambios en movilidad aprobados en la etapa de Óscar Puente me ha generado un déjà vu. Esa sensación extraña y fugaz de vivir algo ya conocido, ya vivido en otros mandatos. El caso es que Ecologistas en Acción (EA) ha conseguido, en menos de dos años de mandato, que un tribunal avale la primera demanda que presenta el nuevo equipo de Gobierno. En este caso por la norma que avala la supresión del carril bus en Poniente, López Gómez y la avenida Miguel Ángel Blanco, además de las modificaciones en carriles bici, como el de la avenida de Gijón y el del paseo de Isabel la Católica. Una decisión judicial, en principio, sin efectos prácticos para los ciudadanos, porque el concejal de Tráfico y Movilidad ya ha avanzado que no darán marcha atrás, pero coloca las cartas sobre la mesa y la partida no parece haber terminado aquí.
Este fogonazo de realidad vivida me remonta a la época de Javier León de la Riva, cuando él acuñó el término de Santísima Trinidad para referirse a Ecologistas en Acción, la Federación de Vecinos Antonio Machado e Izquierda Unida. Él podrá detallar a su compañero Jesús Julio Carnero lo complejo de aquellos años. Una etapa en la que las denuncias, sobre todo de EA, y apoyadas por las otras dos entidades, acabaron con la tramitación de las áreas homogéneas para desarrollar suelo urbanizable más allá de las rondas, pero también dilataron y obligaron a modificar proyectos como el del aparcamiento de Portugalete y el del Mercado del Val.
En esta primera denuncia de los ecologistas al nuevo equipo de Gobierno, el TSJ avala sus argumentos porque entiende que la ordenanza contradice el ordenamiento aplicable vigente, aunque la sentencia no es firme y el concejal de Movilidad ya ha anunciado que recurrirá al Supremo.
Un tirón de orejas que obligará a volver a tramitarla para avalar obras ya ejecutadas, fruto de las promesas electorales del alcalde, pero que ahora queda claro que quizás se tramitaron con premura. Un riesgo que en un escenario donde las decisiones políticas son, muy a menudo, judicializadas no se pueden permitir los gestores municipales. No solo están en juego recursos públicos, sino que está en entredicho la credibilidad misma del sistema.