La ocurrencia política de esta semana tiene sello gallego. El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, planteó el miércoles al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, exgerente de Auvasa, una serie de medidas para acortar los tiempos de viaje del tren de alta velocidad entre su ciudad y Madrid. Entre ellas, apuntó la de suprimir paradas, incluida la de Medina del Campo.
Una boutade que ni siquiera se puede justificar en la defensa del interés de sus vecinos. El asunto está lejos de ser banal porque Abel Caballero no es un político novel, más bien es de los más veteranos en activo. De sus 78 años de vida ha dedicado 18 a la Alcaldía de su ciudad, desde donde abrió la competición por tener la mejor iluminación navideña. Un legado que ya ha servido para que desde Podemos le hayan contestado a la propuesta con un «parece que solo tiene luces en Navidad».
Este desliz también parece muy inapropiado para alguien que ocupó el cargo de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entre de 2015 y 2023. Una institución donde no comparten eso de buscar el beneficio de una localidad a costa del perjuicio de otras muchas. Un argumento que él también ha utilizado en más de una ocasión, como otros compañeros suyos, para criticar las demandas de los nacionalistas vascos o catalanes.
Pero en este caso, la propuesta de Caballero para tener un tren directo Madrid-Vigo, cruzando media Castilla y León sin paradas, tiene más delito porque fue ministro de Transportes entre 1985 y 1988. Ya ha llovido mucho, y más en Vigo, pero el político tiene perfecto conocimiento de este área, de la complejidad de la gestión de los servicios ferroviarios y, sobre todo, de la necesidad de atender las demandas de la población.
No debería ser necesario recordarle que los servicios de alta velocidad ya tienen las paradas muy limitadas precisamente para garantizar la reducción de tiempos en los desplazamientos. De eso a plantear trayectos casi directos a su ciudad hay un trecho, y si Caballero quiere abrir ese debate, está en su derecho, pero no con la excusa de que el recorrido actual es muy largo debido a un número excesivo de paradas en Castilla y León. Ahora que el mercado ferroviario está liberalizado, podría negociarlo con las compañías y si es rentable, quizás pueda lograrlo. Esas sí que es una gestión de alcalde.