El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, huido de la justicia española desde 2017, ha reclamado al Gobierno reconocer la "legitimidad" del independentismo, una amnistía a los encausados por el 'procés' y garantías de cumplimiento de los acuerdos como condiciones previas para empezar a negociar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Todo ello sin renunciar a la unilateralidad y además, poniendo en marcha un mecanismo de mediación.

En una conferencia desde Bruselas este martes, ha asegurado que estas condiciones, que cree que ahora no se dan, deben preceder a una negociación para llegar a un "acuerdo histórico" con el objetivo de resolver el conflicto en Cataluña que, a su juicio, se remonta a 1714.

Si no se aceptan esos requisitos --ha sostenido-- "no tendría ningún sentido" embarcarse en una negociación de investidura del candidato del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Aun así, Puigdemont ha advertido de que "solo un referéndum acordado con el Estado español podría sustituir el mandato del 1-O", y ha añadido que no existen impedimentos constitucionales para celebrarlo. En este punto, ha citado el artículo 92 de la Constitución española.

"España, como decía, tiene un dilema de resolución compleja. O repite elecciones, con el riesgo de que los equilibrios políticos sean tan frágiles como ahora, o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad", ha afirmado.

Critica que Inteligencia considere el independentismo como amenaza

En cuanto al reconocimiento de la legitimidad del independentismo, Puigdemont ha defendido que no se puede negociar con quien en una directiva de inteligencia fija a los independentistas como "segunda amenaza más importante después del terrorismo yihadista", ante lo que ha pedido respeto por su movimiento político.

Su segunda condición es el "abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo", que cree que debe materializarse en una ley de amnistía que cubra el 9-N de 2014, el 1-O y los disturbios durante las manifestaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS).

Esta amnistía --ha advertido-- "debe hacerse para reparar una injusticia, no para olvidar ni para poner punto y final a nada ni para igualar a las víctimas de estas injusticias a sus victimarios".

Puigdemont ha rechazado así la posibilidad de que esa posible amnistía afecte a los policías encausados por las cargas del 1-O, algo que pidió estudiar el negociador de Sumar, Jaume Asens.

"También es responsabilidad del Gobierno en funciones, a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado", ha señalado el eurodiputado.

"Mecanismo de mediación y verificación"

La tercera condición de Puigdemont es crear un "mecanismo de mediación y verificación que aporte las garantías de cumplimiento y seguimiento de los acuerdos", algo que según él, no ofrecen ni PSOE ni PP.

Este mecanismo es imprescindible --ha defendido-- para iniciar una negociación, porque la experiencia les "impide tener confianza en la palabra" de estos dos partidos.

En ese sentido, ha afirmado que el "cumplimiento de compromisos por avanzado es una manera de verificar" que los acuerdos se cumplen, como ocurrió con el pacto para que el catalán sea oficial de la UE, pero que no puede aplicarse a procesos de tramitación larga.

Por último, ha situado como cuarta condición "fijar como únicos límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales que hacen referencia a los derechos fundamentales" y las libertades.

El exlíder de Junts ha mantenido que ninguna de estas condiciones es contraria a la Constitución ni a los Tratados europeos: "Son condiciones previas que se deben poder cumplir antes de que se agote el plazo legal para evitar nuevas". "Solo dependen de la voluntad política", ha apuntado.

Las otras cuestiones "materiales" pendientes

Más allá de estas condiciones, Puigdemont ha afirmado que no le corresponde establecer un listado concreto de exigencias, si bien ha convenido en que existe un "gran paquete de cuestiones materiales pendientes" que hay que resolver en Cataluña.

Entre ellas ha enumerado el "déficit fiscal de 20.000 millones de euros", el servicio de trenes, la sanidad, los salarios que se cobran en Cataluña, la falta de competencias para atender la inmigración y el acceso a la vivienda.

"No hay una receta autonómica para resolver los problemas de Cataluña. Lo determinante es el reconocimiento nacional de Cataluña, y por tanto su derecho a la autodeterminación", ha afirmado.

Y ha añadido que lo que impide la celebración de un referéndum de independencia amparado en el artículo 92 de la Constitución es la "falta de voluntad política". "Si se puede, se quiere", ha apostillado.

Puigdemont ha afirmado que, si finalmente se abre una negociación, su "viabilidad y éxito" van a depender de los avances que se pacten en las carpetas de la autodeterminación y las mejoras para Cataluña.

No hay camino alternativo a la independencia

De hecho, ha querido dejar claro que hay evidencia acumulada de que no hay camino alternativo a la independencia para "garantizar el respeto y la supervivencia de Cataluña como nación", y ha añadido que corresponde a los responsables políticos desmentir su conclusión.

Ha recalcado que ni el candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ni el del PSOE, Pedro Sánchez, tienen los apoyos necesarias para ser escogidos en primera o segunda votación y no ha hecho distinciones entre ellos, de hecho ha sostenido que corresponde a PSOE y PP moverse y aclarar si aceptan sus condiciones.

Pero ha advertido de que el hecho de que ni PP ni PSOE tengan los apoyos necesarios hace que España se vea "confrontada": "O vive en el bloqueo, que podría cronificar la confrontación entre los dos bloques ideológicos que han polarizado las últimas elecciones, o pacta".

Sin embargo, ha apuntado que el pacto tiene dos problemas: que el acuerdo es un recurso "inhabitual" en España y que dicho pacto precisa de Junts, formación a la que ha asegurado que se ha arrinconado, menospreciado y atacado por parte de PP y PSOE.

En este sentido, ha dicho que la primera de las condiciones es identificar los elementos de conflicto, entre los que ha mencionado la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 contra el Estatut, la "criminalización" del 1-O; la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y el incumplimiento de pactos e inversiones en Cataluña.

Defiende la estrategia de Junts

El expresidente huido también ha defendido la estrategia de Junts ante el conflicto durante los últimos años y, en particular, su decisión de no sentarse en la mesa del diálogo negociada por ERC en la anterior legislatura y de salir del Govern.

"Hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles y a veces poco comprendidas. Por ejemplo, quedarnos en el exilio. O no participar de la mesa del diálogo. O salir del Govern de la Generalitat. O no votar los presupuestos y reformas del Código Penal", ha expuesto.

También ha llamado a defender el encargo que recibió Junts en las urnas ante los independentistas que hoy miran "con recelo y desconfianza", en un contexto de división interna y desmovilización.

A la conferencia ha acudido la cúpula de Junts, encabezada por la presidenta, Laura Borrás; el secretario general, Jordi Turull; y la vicepresidenta y presidenta del Parlament, Anna Erra; y los vicepresidentes Josep Rius y Aurora Madaula, entre otros. Además de diputados de Junts y los eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí, junto a diputados de ERC en el Congreso Teresa Jordà y el diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera.