La abdicación de Juan Carlos I en 2014 dio paso a que Felipe VI se convirtiera en un rey constitucional porque su acceso a la Corona se produjo conforme a los procedimientos dispuestos en la Constitución Española de 1978. Si nada se tuerce, la princesa Leonor será la primera reina de España, cuyo modelo de Estado es la monarquía parlamentaria, en la que sus funciones son más simbólicas que efectivas, pero que representa la unidad indisoluble de la Nación que en la composición actual del Congreso defienden el 83% de los diputados elegidos por el 77% de los votos.
Leonor de Borbón, heredará de la Corona ya en plenitud al cumplir su mayoría de edad y al haber jurado la Constitución, es una princesa constitucional de derecho, y a tenor de sus palabras en el Palacio Real ante los representantes de los poderes del Estado, también de hecho por su reiterada mención a su compromiso "con nuestros principios democráticos y nuestros valores constitucionales", que asume plenamente, a lo que añadió la obligación de guiarse de forma permanente por la Constitución "cumpliéndola y observándola", como le ha aconsejado su padre, de tal forma que ha asumido el deber y la responsabilidad de que todos su acto se dirijan a atender los intereses generales de la Nación, mediante un comportamiento que merezca el reconocimiento y aprecio de los ciudadanos, a los que servirá con respeto y lealtad. Y concluyó con "Les pido que confíen en mí".
En su breve discurso, la princesa Leonor estaba tejiendo la hoja de ruta de lo que será su actuación, a partir de ahora bajo el escrutinio ciudadano, para continuar la labor iniciada por su padre para devolver el prestigio a la institución monárquica -menoscabado por la actuación privada de su abuelo Juan Carlos I-, basada en los conceptos de ejemplaridad y transparencia.
Por razones de edad, la princesa Leonor, si la política y la biología no juegan malas pasadas, va a contar con varias décadas para fundamentar su formación para en su día asumir la Corona, en las que tendrá tiempo de demostrar que cumple los compromisos adquiridos con su jura, y con ellos precaverse contra los riesgos que pueden afectar a su futuro mandato. Por supuesto mantener un comportamiento cívico a prueba de cualquier corrupción, evitar "borbonear" en política, y en ese sentido desdeñar los intentos de quienes quieren patrimonializar una institución que es de todos para ponerla al servicio de sus intereses.
Una lástima que el compromiso con los valores democráticos expresado por la princesa de Asturias no haya sido escuchado de forma presencial por los representantes y las autoridades nacionalistas que se han ausentado del acto del Congreso y que han tenido la misma actitud que recriminan a sus adversarios políticos cuando les acusan de hacer una lectura parcial e interesada de la Constitución, la que dice que España es una monarquía parlamentaria, sí, pero de la que también derivan todos sus derechos y su reconocimiento. También deben asumir que, por el momento, en la sociedad española no existe una pulsión decisiva que pueda desembocar en una consulta sobre el modelo de Estado. De la actuación futura de Leonor de Borbón dependerá no obstante la continuidad dinástica y que la Corona siga siendo garante de la unidad y permanencia de España, su principal obligación.