Humillante. Si está siendo humillante el trato de los independentistas al Ejecutivo, más lo es todavía que Carles Puigdemont apriete al Gobierno hasta que salga la última gota de dignidad. No cierra el acuerdo que el PSOE daba por concluido, ha exigido que Cerdán viaje nuevamente a Bruselas para entrevistarse con él, vuelve a poner nuevas exigencias sobre la mesa, amenaza con no dar a Sánchez sus siete votos para la investidura y pone al borde del ataque de nervios al presidente y a sus incondicionales.

Puigdemont insiste no solo en un mediador internacional ya aceptado por Sánchez, sino que el prófugo exige que la Justicia deje de investigar a la familia Pujol, que la Fundación La Caixa quede bajo el control de la Generalitat -que se ande con ojo CaixaBank, puede producirse goteo de cancelaciones de cuentas- y que se dé algún paso que indique que el referéndum se va a celebrar. 

Desde el Gobierno niegan que se vayan a aceptar esas imposiciones, pero ya no solo la credibilidad de Sánchez es nula, sino también la de todos y cada uno de sus ministros: hace menos de una semana la ministra de Hacienda negó taxativamente que se fuera a condonar alguna deuda a Cataluña. Pues se perdona, unos 15.000 millones, que pagaremos el resto de los españoles a unos 900 euros por cabeza. 

Se quejan los sanchistas de que se reitere la idea de que su líder ha sido humillado por el independentismo y que el jefe de Ejecutivo y sus ministros carecen de dignidad. Sin embargo, ni uno solo de sus colaboradores del Gabinete o el partido ha pronunciado una palabra de queja o ha amagado con la dimisión ante el hecho indiscutible ante todos los españoles de que han apartado sus principios y han asumido los impuestos por Sánchez. En la política española no se había visto nunca una situación ni siquiera parecida: todo un Gobierno, entre los que se encuentran personas que destacaban por su trayectoria profesional y personal, sometidos como si no tuvieran criterio propio.

La lucha política es a muerte, pero también en las estructuras judiciales se advierte una profunda inquietud, y en algunas figuras del socialismo o cercanos al socialismo. Preocupa no solo la imagen de que el Gabinete de Sánchez no respete la independencia judicial, lo que se ha visualizado en los dos últimos años en los que se han alcanzado cotas no conocidas hasta ahora. Si costó asumir el indulto a los independentistas en contra del criterio del tribunal sancionador, el Supremo, cuesta más todavía asumir una amnistía que la mayoría de los magistrados no afines al PSOE, y algunos afines cuyo silencio es revelador, consideran inconstitucional. También queda en una posición incómoda el presidente del Constitucional, Conde Pumpido, un magistrado que mantenía una imagen incuestionable. 

Ese prestigio hoy se tambalea, aunque quienes todavía le consideran un hombre riguroso profesionalmente prefieren no pronunciarse hasta saber cómo va a actuar ante los miembros del Tribunal que preside cuando llegue el momento de tomar una decisión sobre la constitucionalidad o no de la ley.  

 Hay posibilidades de plantar cara a la situación, aunque es difícil que salgan adelante. La más viable es que  proceda del Tribunal Supremo, el único órgano que puede hacerlo desde que se abolió que recurso previo que paralizaba la aplicación de una ley hasta que se pronunciara el Constitucional. 

Recaería el recurso en los fiscales de la Sala Segunda del Supremo que fue la que condenó a los que ahora serían beneficiados por la ley de amnistía; pero esos juristas, para iniciar un procedimiento contra su aplicación tendrían que contar con el aval de la Fiscalía General. Y es conocido que su responsable, Álvaro García Ortiz, es un hombre de la máxima confianza de la exfiscal y exministra Dolores Delgado, y absolutamente afín al presidente del Ejecutivo. 

Otra vía que se baraja también estos días es el acudir a la Unión Europea, que ya tomó decisiones precedentes  con Polonia y Hungría por la intervención de sus gobiernos en nombramientos y asuntos judiciales en los que no tenían competencia, faltando al respeto del Tratado de la Unión y a una de las reglas básicas del Estado de Derecho, la independencia de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo. 

La injerencia de los Ejecutivos polaco y húngaro en cuestiones estrictamente judiciales obligó a intervenir a la Comisión y al Parlamento Europeo, que sancionó a los dos países. Esa misma fórmula podría aplicarse a España, pero tendría que llevarse a través del Parlamento Europeo, operación en la que trabajan conjuntamente los eurodiputados del PP y Ciudadanos y los grupos a los que pertenecen dentro de ese Parlamento, PPE y Renew, que junto a parlamentarios del grupo de Vox, Conservadores y Reformistas, tendrían la mayoría necesaria.

El problema, muy serio, es que si se aprueba una sanción a España por no cumplir el Tratado de la UE, podría afectar a los fondos europeos destinados a nuestro país, lo que hace muy difícil la decisión sobre la conveniencia de llevar la ley de  Amnistía a las instituciones europeas. 

Paradójicamente, en el caso de que el órgano que preside Pumpido necesitara meses, o incluso más de un año para pronunciarse sobre la amnistía, y un recurso del Supremo paralizara su tramitación y su entrada en vigor hasta que se dictaminara que es constitucional, la única persona a la que no afectaría ese recurso sería a Puigdemont, porque el juez Llarena no ha tenido la posibilidad, en estos seis años de fuga, de tomarle declaración y, por tanto, no está condenado. Podría regresar a España en cuanto las Cortes aprobaran la Ley, sin ser arrestado. Incluso ser candidato a la Presidencia de la Generalitat, su objetivo.

Futuro incierto

Sin embargo, los condenados e indultados se encuentran con que ese beneficio no contemplaba el levantamiento de su inhabilitación, solo los delitos penales. Lo que significa que si no hay pronunciamiento del Constitucional antes de las elecciones catalanas, y además es de constitucionalidad de la ley,  Oriol Junqueras no podría ser el candidato de ERC, pero sí Puigdemont como aspirante de Junts. Con Aragonés, de ERC,  batiendo palmas porque no tendría que pelear por su liderazgo frente a la de Junqueras, con el que las relaciones son muy tensas.

La España política está centrada exclusivamente en las negociaciones sobre la amnistía y sus consecuencias, pero también la parte social. Las redes sociales están plagadas de comentarios de votantes socialistas, incluso de militantes, que con nombre y apellido anuncian que no están a favor de la amnistía y repiten que esa ley no cuenta con su voto, lo que se traduce que, en caso de elecciones generales, no volverían a votar PSOE. Sin embargo, hoy nadie contempla que se produzca fuga de votos socialistas. 

Se equivocan Feijóo y sus colaboradores pidiendo a los diputados del PSOE que no apoyen a su secretario general cuando llegue al parlamento una Ley de Amnistía tan cuestionada. Se equivoca Feijóo porque, si no insistiera tanto en cuestionar la lealtad de los diputados socialistas a su país, las dudas confesadas de varios de ellos podrían provocar una ruptura de la disciplina de voto. Pero nunca lo harán si parece que se pliegan a lo que plantea el líder de la oposición.