Nuestra Constitución establece que el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior -en la circunstancia actual los que ya estaban prorrogados. También dice que si la Ley de Presupuestos no fuera aprobada antes del primer día del ejercicio económico correspondiente se consideraran automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Es lo que está escrito en la Constitución y a lo que vamos de cabeza -una nueva prórroga- dada la precariedad de apoyos parlamentarios con los que actualmente cuenta el Gobierno.

Sabido es que, tras la funambulesca peripecia de sus pactos con Junts el partido separatista que dirige el prófugo Carles Puigdemont desde su refugio de Waterloo, parece que le ha enviado la "mota negra" a Pedro Sánchez. La ministra de Hacienda tiene hasta el 30 de septiembre para presentar el proyecto, pero antes tendrá que conseguir que el Congreso apruebe el techo de gasto que es el requisito previo que fija la base de las cuentas públicas de cada ejercicio. Presumiblemente ahí es donde Junts pasará la primera factura de su descontento tras el fracasado rescate político de Puigdemont, que sigue bajo la amenaza de la orden de detención a la vista de que, de momento, sigue sin ser rescatado por la Ley de Amnistía. En ese marco, y conociendo que tanto el PP como Vox no están por la labor de aprobar nada que permita apuntalar a Sánchez, parece que abocamos a un escenario de otra prórroga. Y serían dos.

En países de democracia avanzada, respetuosos de las normas escritas y también de las que guía la costumbre, cuando un gobernante constata que no puede sacar adelante el proyecto de Presupuestos la probidad le aconseja disolver las Cámaras y convocar elecciones. No parece el caso. Se avizora, pues, la continuidad de la crispación y como resultado un otoño político muy tenso.