Arreón antes de fin de año

Miguel Herrera (SPC)-Agencias
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El Congreso aprueba en su última sesión una serie de medidas beneficiosas para el campo como la doble tarifa eléctrica, nuevas ayudas o ley de representatividad agraria

Arreón antes de fin de año

En la última sesión del Congreso de los Diputados antes de finalizar el año, y con el mes de enero sin actividad por delante, la cámara baja ha adoptado una serie de medidas que beneficiarán a agricultores y ganaderos. En primer lugar, dentro del dictamen adoptado por el pleno de la cámara sobre el proyecto de ley de prevención del desperdicio alimentario, que se remite al Senado, se incluyen una serie de cuestiones de distinta índole. Entre ellas figura la posibilidad de contratar dos tarifas energéticas diferentes en el año, la largamente demandada doble tarifa eléctrica para los regantes, ya que la temporalidad de las cosechas hace que los agricultores no necesiten pagar la tarifa máxima todo el ejercicio.

Además, el texto aprobado incluye la posibilidad de volver a hacer contratos temporales para asegurar la recogida de las cosechas. Las empresas podrán formalizar contratos por circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración delimitada, incluidas las campañas agrícolas, por un máximo de 90 días al año.

En cuanto al olivar y el viñedo, el Gobierno establecerá en un máximo de dos meses una ayuda excepcional a las explotaciones agrarias de esos sectores en compensación por la reducción de ingresos percibidos por el aumento de los costes de los insumos derivados de la guerra en Ucrania y la sequía. Esta ayuda directa estará dotada con 85 millones de euros para las superficies de viñedo de secano y 285 millones para el olivar de secano.

Arreón antes de fin de añoArreón antes de fin de añoEl Congreso también ha dado luz verde a modificar la Comisión General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y la Comisión de Coordinación con las comunidades autónomas sobre seguros agrarios. De esa forma, habrá un vocal en representación de las organizaciones de las cooperativas agrarias y otro por cada una de las organizaciones agrarias más representativas, en ambos casos de ámbito estatal.

Además, se incluye un vocal por cada una de las organizaciones agrarias más representativas en el Observatorio de la Cadena Agroalimentaria, en el comité de participación en el marco del Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente, en la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y en la Mesa de Coordinación de la Producción Ecológica. Este último foro será convocado de forma regular con la participación también de cooperativas y otras organizaciones de reconocida representatividad y competencia en ese ámbito.

También se ha modificado la ley de la viña y del vino en relación con la no utilización de una autorización concedida para nueva plantación, replantación o conversión concedida.

Representatividad.

Por otra parte, el pleno del Congreso ha aprobado cambiar la norma de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, que deberá continuar su trámite parlamentario en el Senado. En la práctica, esta modificación permitirá el reconocimiento de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y su inclusión en el Consejo Agrario, el órgano consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el que participan actualmente las organizaciones ASAJA, COAG y UPA.

Este cambio se ha votado dentro del proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, en cuyo dictamen se ha introducido una nueva disposición sobre la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito estatal. La nueva norma sustituye a la ley de representatividad aprobada en 2014 durante el gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular), que preveía una consulta electoral que no ha sido convocada en estos años a causa de la falta de desarrollo reglamentario.

El texto, que ha sido aprobado sin enmiendas en este paso anterior a su debate en el Senado, fija los requisitos que deben cumplir las organizaciones para solicitar su reconocimiento como las más representativas. Para eso deben estar constituidas y reconocidas como OPA (organización profesional agraria) de carácter general y ámbito estatal y tener inscritos sus estatutos en el registro competente como organización empresarial con al menos un año de antigüedad que tenga entre sus objetivos la defensa de los intereses generales de la agricultura. Si la entidad la forman organizaciones de ámbito inferior, se deberá acreditar la integración con al menos seis meses de antigüedad a la fecha de solicitud del reconocimiento.

La representatividad se determinará exclusivamente a partir de las certificaciones de representatividad emitidas por las comunidades autónomas y basadas en una serie de criterios. Así, en las comunidades con una legislación vigente y donde se hayan celebrado elecciones, se tomarán los resultados más recientes. También se tendrá en cuenta la acreditación realizada «conforme a los datos» en las regiones que cuenten con una legislación para establecer la mayor representatividad; y en el resto se considerará la participación de esas organizaciones en instituciones autonómicas y en los procesos de elaboración de normas.

Para alcanzar la condición de organización más representativa en ámbito estatal, determinada por el MAPA, la norma exige que esta sea la de mayor representatividad o esté acreditada su participación institucional en al menos siete comunidades. Además, se requerirá que la organización alcance al menos el equivalente al 10% del total de afiliados nacionales en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA) y el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios, con sus respectivos cálculos.

Las resoluciones del Ministerio en las que se declare la representatividad estarán en principio vigentes cinco años y, antes de que expire ese plazo, el Gobierno deberá impulsar un nuevo sistema de acreditación. Este sistema estará basado fundamentalmente en las elecciones entre las personas dadas de alta en el RETA y deberá consultarse antes con las comunidades y las organizaciones agrarias más representativas de ámbito estatal.

Aparte de participar en el Consejo Asesor Agrario, estas OPA recibirán subvenciones directas para sus actividades de representación y colaboración ante la Administración General del Estado, la Unión Europea y otras instituciones. El MAPA deberá acordar la incoación del primer procedimiento para determinar la condición de organización más representativa en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la nueva disposición.

Aprovechamiento.

En lo que se refiere a la Ley de Desperdicio en sí, el Congreso debatió y votó el pasado jueves las enmiendas a esta norma, que pretende legislar sobre aspectos como la jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos y la redistribución. La Cámara Caja ha acogido el debate de esta una norma y la votación de las enmiendas, más de 300, presentadas por los diferentes grupos.

El Parlamento español ya tramitó una norma con este fin en la pasada legislatura, una iniciativa que finalmente decayó por la convocatoria adelantada de las pasadas elecciones generales; tras esto, el Gobierno retomó este año el proyecto de ley con la intención de que vea la luz al inicio del próximo 2025. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado desde su bancada que se trata de una ley «de un muy alto impacto social, con consecuencias económicas, ambientales y éticas», lo que «realza su importancia».

En el turno de portavoces, la diputada del Grupo Mixto Cristina Valido ha defendido que España no se puede «quedar atrás» en la lucha contra el desperdicio, a la vez que ha reiterado la necesidad de eliminar el IVA a los alimentos que se donan a los bancos de alimentos. Por su parte, el diputado Néstor Rego, del Grupo Mixto, ha defendido que esta norma «puede servir para avanzar en una mayor concienciación social» y en el fomento de las prácticas para mejorar el aprovechamiento de recursos en la cadena alimentaria.

Sobre las propias medidas, la diputada de Unidas Podemos Martina Velarde ha propuesto incluir en la norma la «práctica del espigueo», que permite a las personas y entidades sin ánimo de lucho recolectar los alimentos que no se han recogido en el campo. Se trata de una práctica que ya se lleva a cabo en muchos lugares y que brinda la posibilidad de recuperar miles de toneladas de alimentos aprovechables que, de otro modo, se perderían.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Joseba Andoni Agirretxea, ha celebrado que «por fin parece que la ley va a tomar camino», en línea con lo que marca la Unión Europea (UE), tras su paralización con la convocatoria de elecciones. La diputada del Grupo Republicano Teresa Jordà ha lamentado la cantidad de comida que se desperdicia en los hogares españoles y ha subrayado la necesidad de que el Estado «se ponga las pilas» en esta materia. «Esta ley tiene sentido si fortalece a la ganadería y agricultura, (...) por lo que es necesario que vaya acompañada de incentivos y un fondo para compensar a los pequeños productores», ha expuesto en su intervención el portavoz del Grupo Sumar, Juan Antonio Valero.

Por su parte, el diputado de Vox Tomás Fernández ha afeado al Gobierno que la «la mayor preocupación de los españoles no es el desperdicio, sino llegar a fin de mes» y ha advertido de que este proyecto de ley «supone un mazazo» para las medianas empresas del sector. Por otro lado, la diputada del Grupo Socialista María Luisa Faneca ha señalado que es una «obligación» para todos los operadores de la cadena evitar el desperdicio», por lo que la ley establece una jerarquía sobre el uso de estos alimentos. A juicio de la portavoz del Grupo Popular Milagros Ortega, el Gobierno ha «dinamitado» el consenso que hubo en la pasada legislatura en torno a la ley y a la vez que ha recriminado el intento de «hacer caja» con el IVA de las donaciones.