La Audiencia Nacional extraditó a México el pasado 5 de octubre a Manuel Herrero Muñoz, un vallisoletano que se entregó a la Policía Nacional en Madrid hace poco más de un mes y que hasta esa fecha formaba parte de la lista de los diez delincuentes más buscados por España, aparte de figurar en la Europe´s Most Wanted Fugitives de Europol. El tribunal tomó esta decisión para atender la reclamación del país azteca, que buscaba al vallisoletano por un delito cometido en Ciudad de México en 2012, en la delegación de Cuajimalpa. En julio de ese año apareció en una bodega de la citada localidad el cadáver de una persona metido en un bidón de cemento. El fallecido, conocido como José 'N' y de 33 años, era amigo y excompañero de trabajo de Manuel Herrero, que a las pocas horas se convirtió en el principal sospechoso del crimen.

"Se trata de una persona que suele generar problemas en su vida cotidiana, siendo capaz de arrebatar la vida de otra persona sin remordimientos", avisaba la Policía Nacional antes de detenerle. Y añadía que "tiene 33 años, mide 1,75 metros y es de complexión es delgada. Su pelo es castaño y tiene ojos azules muy claros. Tiene una cicatriz quirúrgica en el brazo izquierdo y un tatuaje de un ancla en el dedo corazón izquierdo. Habla inglés perfectamente". Aunque su aspecto físico había cambiado bastante en el momento en el que se entregó a la Policía, puesto que llevaba el pelo largo y barba.

La Policía Nacional llevaba tres años buscándole y él, conocedor de ellos, cambiaba de domicilio reiteradamente. Según publicó el diario ABC, el hecho de que cuatro de sus supuestos colaboradores en el crimen hayan sido absueltos ha sido el principal detonante para que Herrero se haya entregado. Sus abogados consideran que él podría correr la misma suerte cuando sea juzgado en México. Pero, por lo pronto, se expone a una condena de hasta 35 años de cárcel.

La Audiencia Nacional ha tomado la decisión de extraditar al vallisoletano en virtud del Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal que firmaron ambos países en 1978 y que está vigente desde el año 1980. Este acuerdo fija, por ejemplo, que serán extraditadas al otro país las personas contra las que se haya iniciado "un procedimiento penal o sean requeridos para la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta judicialmente como consecuencia de un delito", siempre que esa pena sea superior a un año de cárcel o no sea menor de seis meses en el caso de ejecución de una sentencia.