Si la  flamante presidenta del Tribunal Constitucional, Isabel Perelló, pide en su primer discurso, durante la apertura del año judicial que "Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico", todo el mundo intuye a que se refiere y hacia quiénes va dirigido su mensaje. Si el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, reclama respeto político e institucional" para la institución que dirige en sus "decisiones e independencia", no hace falta tener mucha perspicacia para saber en quién está pensando y por qué lo hace. 

La presidenta del órgano de gobierno de los jueces, como es lógico, defiende las instrucciones de los jueces, su independencia y rechaza las críticas que reciben por la utilización política de la justicia, que le gustaría que se no pasara del acatamiento y respeto de las sentencias, y no se incidiera tanto en actuaciones judiciales que son polémicas porque las instrucciones realizadas no se ajustan a las normas, o tienen un carácter prospectivo prohibido por la ley. Las actuaciones de algunos jueces relacionadas con el 'procés', el renacimiento de causas que han estado paradas durante años en momentos políticamente relevantes para entorpecer decisiones del Gobierno, están en el origen del actual cuestionamiento de algunas decisiones judiciales. Por no hablar de las discrepancias entorno a la causa abierta contra la esposa  de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. De Isabel Perelló dependerá también que el órgano de gobierno de los jueces no adopte declaraciones que nadie le pide ni realice manifestaciones contra leyes del Gobierno cuando ni tan siquiera se han aprobado. 

Conde-Pumpido también defiende su terreno frente a las suspicacias de la oposición. La composición del Tribunal Constitucional es la que es, siete magistrados de tendencia progresista y tras la incorporación del nuevo magistrado nombrado por el Senado, que correspondía al PP, cinco de talante conservador. Sentencias como la de los ERE de Andalucía han avivado las sospechas del Partido Popular, que acaba de presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, que el partido de Feijóo se malicia que será rechazada, porque a su juicio el TC es un tribunal de parte. Sospechas de las que se sigue el desprestigio de la institución, que no parecen importar.

También el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz, utilizó la apertura del año judicial para defenderse de las polémicas que le afectan y para señalar uno de los problemas existentes en la justicia, la utilización interesada de la figura de la acción popular, reconocida constitucionalmente, que se encuentra detrás de algunos procesos con evidente intencionalidad política. Ante los jueces que han de decidir su imputación García Ortíz defendió que la fiscalía debe informar de asuntos de interés, como el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso y su reconocido fraude fiscal.