Quisiera creer que el hecho de haber llegado finalmente a un acuerdo entre los dos principales partidos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial podrá facilitar alcanzar otros acuerdos en asuntos que lo está reclamando. Hay varios en cartera: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quizá como principales. Pero a mí se me ha venido a la mente el CIS, léase Centro de Investigaciones Sociológicas, léase el organismo que hace las encuestas. Un lugar sensible como pocos.

Como es bien sabido, desde que el PSOE gobierna, en toda esta última etapa, lo dirige un militante socialista, que era el responsable de estos asuntos de estudios sobre la opinión pública. Pasó de lo partidario a lo público, y ahí sigue. En lo que yo recuerdo, no hay precedente. Ningún Gobierno de ningún signo designó para ese cargo a quien hacía esa tarea en el partido; supongo que fueron designadas personas expertas en el tema y de cierta confianza, pero no a al responsable análogo del partido.

Ha sido continuamente objeto de polémica el sesgo de los sondeos políticos del organismo y es bastante evidente que su credibilidad está justificadamente en entredicho. Yo no discuto la competencia profesional de su director. Lo que discuto es la corrección de una decisión que convierte en instrumento partidario, y por tanto bajo sospecha, a un organismo que, por su propia naturaleza y por sus funciones, es del Estado, no del Gobierno, y menos aún del partido que gobierna. Es esta confusión la que siempre me llamó la atención.

Hace unos días la Junta Electoral, que vigila la limpieza de los procesos electorales, sancionó al Director del CIS con una multa de 3.000 euros por realizar, ya en periodo electoral de Cataluña, una encuesta de parte sobre el episodio de los cinco días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno para decidir su continuidad. Y no es la cuantía, es el hecho en sí, tan poco edificante. Sería un buen argumento para que el propio director decidiera dimitir y se nombrara un sustituto con el mayor grado de consenso posible, tratándose de un organismo de utilidad general para el conjunto de las fuerzas políticas y para la propia sociedad. O, alternativamente, que fuera cesado por quien puede hacerlo, que es el Gobierno, dando así un ejemplo de que lo del CGPJ no es un hecho aislado y, más aún, que la regeneración democrática va en serio.