El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha admitido una querella de la Fiscalía contra las tres empresas que fabricaron, comercializaron y vendieron el producto Ala Octa para las operaciones de retina y que causo pérdidas de visión en los usuarios de este medicamento. Aunque hubo más afectados en Valladolid, donde este medicamento se usó en el Río Hortega, cuatro casos llegaron hasta los tribunales.

La querella, admitida por delitos de lesiones graves y contra la salud pública y que se basa en una denuncia de la Asociación del Defensor del Paciente, se dirige contra la empresa alemana Alamedics GmbH&Co KG (fabricante del producto), BSI Group Deutschland (entidad certificadora) y la comercializadora con sede en Barcelona W.M. Bloss SA, esta última en concepto de responsabilidad civil.

El magistrado indica, según recoge Ical, que los delitos que se van a investigar son competencia de la Audiencia Nacional y que las víctimas son de nacionalidad española por lo que recae la competencia en este órgano judicial.

En su resolución, el instructor solicita a la Agencia Española del Medicamento Productos Sanitarios (Aemps) el listado de todas las personas afectadas en los casos notificados y que se han estudiado en el análisis clínico de ese organismo. Requiere también la indicación del centro sanitario donde a cada uno de esos pacientes se les aplicó el Ala Octa.

De Jorge acuerda, además, remitir el informe de la Aemps al médico forense para que elabore un dictamen sobre el tiempo máximo en el que puede considerarse que se ha producido la estabilización de las distintas lesiones con objeto de tener una primera valoración sobre el plazo de prescripción.