El incremento de los precios impacta notablemente en las economías familiares, pero también tiene su efecto en otros ámbitos, incluido en el público. Las facturas de luz, combustibles, material informático o los sueldos del personal son fundamentales para poner en marcha cada día los servicios municipales. Y en los dos últimos años ese coste ha crecido casi un 18%, lo que ha motivado que se pase de los 230,8 millones de euros que costaron en 2021 a los 273 millones del ejercicio pasado. Estas facturas se traducen en un gasto medio anual por vecino de 919 euros. Y el 'efecto IPC' se ve claramente porque en 2021 esa cuota se quedaba en 775, 2. Aunque, el coste se mantiene, eso sí, por debajo de los 932,4 de media nacional.
Esta radiografía procede del informe anual del coste efectivo de los servicios prestados por cada Consistorio elaborado con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que se acaban de publicar. Un diagnóstico que sirve para mostrar cuánto dinero destina el Consistorio a cada servicio, lo que incluye los costes directos, exclusivamente asociados a cada servicio, y los indirectos. En el análisis se distingue entre servicios municipales obligatorios y propios. Para los primeros, de las arcas municipales salieron 172.670.081 euros para financiarlos, lo que suponen el 63,2% del montante total.
En este grupo, la partida más copiosa fue para las transferencias de fondos del propio Ayuntamiento para mantener los servicios de la empresa municipal de transporte (Auvasa), que superaron los 37,5 millones de euros, un 3,6% más que el año anterior. Esto se debe, en parte, a que los bonos multiviajes tuvieron un descuento del 50%, con una aportación del 30% del Gobierno de España, y otra del 20% del Ayuntamiento. En consecuencia, el 86,3% de los viajeros sólo pagaron la mitad del precio de sus desplazamientos. Esto conlleva que el coste efectivo por vecino se elevó hasta 126,2 euros, una cifra que duplica la media nacional, que en este caso se queda en 63,1.
Los servicios municipales cuestan 919 euros al día por vecinoUna cantidad muy similar supuso la atención a las personas con necesidad social, que requirió de una dotación de 36,7 millones de euros. En este capítulo se destinaron 19 millones al servicio de ayuda a domicilio, con casi 6.200 usuarios; además de un millón al servicio de estancias diurnas, con 254 beneficiarios y 1,62 millones de euros en ayudas de emergencia a casi 2.000 personas. En este caso, el coste efectivo por habitante es de 123,7, también por encima de la media nacional, que fue de 116,1 euros.
Por detrás, aparece un largo listado donde se comprueba que el gasto del servicio de limpieza viaria supuso 11,9 millones. Aunque en este caso, se logró mejor eficiencia que en los anteriores y el coste por empadronado se situó por debajo de la media nacional.
En el desglose también se detalla el desembolso para mantener otros servicios. En la lista están el abastecimiento de agua potable que supuso 10,78 millones, una cantidad que ha ido bajando desde que en 2020 marcó un máximo de 13 millones. En este caso, la prestación de este servicio corresponde a la empresa municipal Aquavall, que cerró el ejercicio de 2023 con un resultado positivo de 10,3 millones de euros, a pesar de una ligera disminución en la cifra de negocios, que se situó en 27.777.595 euros frente a los 28.095.029 euros del año anterior.
En esta línea, el servicio de prevención de incendios también ha rebajado su factura a los 10,22 millones frente a los 10,8 de 2022. Por contra, la gestión de la recogida de residuos ha subido hasta los 10,68 millones frente a los 10,16 del año anterior.
Servicios propios
En el caso de los servicios propios, la partida más elevada se la lleva la Policía Local, que requirió 27,95 millones de euros, seguido del mantenimiento de los equipamientos culturales con 10,43. La promoción del turismo y la cultura supuso 8,7 y 8,2 millones respectivamente. Por contra, la protección patrimonio histórico, la conservación de la edificación o las instalaciones para el tiempo libro no tuvieron un gasto cuantificable en este estudio.
El área de gasto que más recursos consumió en 2023 fue la de los servicios públicos básicos, con una factura de 138.005.196 euros, lo que supuso un gasto medio por vallisoletano de 464,5 euros.
Si el análisis se enfoca en función de las políticas de gasto, las de bienestar comunitario han fluctuado bastante en estos años. El año pasado se destinaron 62,7 millones, aunque en 2019 el gasto llegó a los 64,7. Por contra, las de protección social, se han incrementado un 29,8% en este periodo, pasando de 25,8 millones a los 36,75 millones del año pasado. Y lo mismo sucede con las de seguridad y movilidad han crecido más de un 14% desde 2018 al pasar de 39,2 millones a 45,63.
Aunque el mayor incremento en los últimos seis años ha correspondido a las políticas de medio ambiente, que han visto duplicadas las partidas necesarias para su mantenimiento al pasar de 6,57 millones a los 14,46 del último ejercicio. Por contra, el gasto en educación ha bajado respecto a los ejercicios (2020-22), al igual que las destinadas al mantenimiento de los centros educativos propios, tras años de incremento. Aunque la rebaja más llamativa en el balance de costes ha sido en las de urbanismo y vivienda, que pasaron de los 24, 24 millones de 2022 a los 15,18 millones. Aunque se aprecia una ligera subida en el coste de las políticas de promoción de vivienda pública, que pasan de los 2,27 millones de 2022 a los 2,6 del pasado año.
Otros gastos
El informe también permite comprobar que eventos como las ferias costaron 5,52 millones de euros frente a los 3,3 millones de euros de 2021, una cantidad que ya se habían incrementado un 25,7% más que el año anterior.