Meseta Ski tiene un historial judicial casi tan largo como el propio proyecto. La Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid (Sodeva) decidió en 2006 poner en marcha esta iniciativa y, solo dos años después, en febrero de 2008, llegó el primer varapalo, con una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid que anuló el acuerdo al que llegó la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tordesillas en octubre de 2006 para autorizar el uso excepcional de esos terrenos rústicos para la construcción de la pista de esquí seco y el resto de instalaciones.

El juez argumentó su decisión con varias razones. La más importante, que esos terrenos habían sufrido un incendio en 1999 y, tal como indica la Ley de Montes, el cambio de su uso forestal estaba prohibido para los siguiente 30 años, es decir, hasta 2029. No solo eso. La sentencia también señalaba que en la tramitación del expediente administrativo no se había respetado el periodo de exposición pública, aparte de otras irregularidades administrativas. Tampoco se había acreditado el interés general. Previamente, las obras ya se habían paralizado cautelarmente por un recurso de Ecologistas en Acción a la licencia ambiental.

Fueron los primeros contratiempos que anunciaban 15 años de 'pelea' en los juzgados entre los ecologistas, que ya habían advertido con anterioridad de que ese proyecto no se podía llevar a cabo en ese terreno, Valladolid Toma la Palabra y los impulsores del mismo, que siempre optaron por una huida hacia adelante ante las numerosas sentencias que castigaban diversas irregularidades.

El siguiente revés llegó a principios de 2009, cuando el juez anuló las licencias ambiental y de obras. Unas obras en marcha que, en realidad, no tenían nada que ver con el proyecto que se había adjudicado inicialmente. De entre las dos ofertas que se presentaron, Sodeva adjudicó el proyecto a Corsán-Corviam con un importe de 4.060.000 euros y algo más de dos millones por las explotación de las instalaciones durante los dos primeros años.

No obstante, una vez adjudicada la obra, en lugar de comenzar los trabajos, responsables de Sodeva y la Diputación visitaron tres municipios de Reino Unido (Brentwood Park, Bromley y Chatham) con la intención de ver distintas instalaciones de esquí seco. A su vuelta, el por entonces gerente de Sodeva, Luis Alberto Sánchez-Valdepeñas, el arquitecto Valentín González y el por entonces jefe de Urbanismo de la Diputación, Luis Torroglosa, a instancias del que fuera presidente de Sodeva, Alfonso Centeno, actual alcalde de Olmedo, propusieron al Consejo de Administración que reconsiderara el proyecto inicial, que estaba inspirado en la pista que se estaba ejecutando en la localidad francesa de Ville de Noeux les Mines, para hacer otro con pistas más grandes, con otro material, y mayor superficie. Esto implicaba pedir una nueva oferta técnica y económica.

Según denuncia la Fiscalía de Valladolid, esta decisión se tomó sin aportar ningún informe que justificara la necesidad de estos cambios. Además, Sodeva pidió una nueva oferta a Corsán-Corviam sin comunicar nada a Ceinsa Contratas e Ingeniería, la otra empresa que había participado en la licitación pública. La respuesta de la adjudicataria es que la nueva pista supondría un coste de casi 7,5 millones, frente a los cuatro iniciales.

Durante todas estas gestiones, las obras que se estaban realizando ya eran del proyecto nuevo y no del inicial, «sin que ello fuera tenido en cuenta a la hora de obtener las preceptivas licencias urbanísticas y medioambientales y sin la aprobación el Consejo de Administración de Sodeva», denuncia la acusación pública.

De interés regional

Una vez anuladas las licencias ambiental y de obras, así como el acuerdo para el uso excepcional de esos terrenos rústicos, los responsables intentaron que las Cortes declararan Meseta Ski como Proyecto Regional para facilitar sus trámites. En julio de 2009 el PP llevó al pleno de la Diputación la propuesta para instar a las Cortes a hacerlo. Y así fue. El 11 de junio de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) tal declaración.

Era un paso más en una huida adelante de un proyecto que parecía estar abocado al fracaso. De hecho, solo unos meses después, en octubre de 2010, un nuevo auto judicial requirió al Ayuntamiento de Tordesillas para que un mes derribara las obras del complejo y restaurara el suelo a su estado anterior de monte arbolado.

Entretanto, a medida que pasaban los meses Sodeva iba pagando diferentes facturas a la adjudicataria. No solo por el proyecto en sí, sino por otros conceptos, como reparaciones a daños que había ido generando el paso del tiempo, intereses de demora, indemnizaciones a empresas colaboradoras, vigilancia de una instalaciones sin uso, etcétera. La bola de dinero público gastado seguía creciendo.

Y no fue hasta 2014 cuando llegó otro mazazo judicial. El más contundente. El Tribunal Constitucional tumbó la ley que aprobaron las Cortes para declarar Meseta Ski como Proyecto Regional al considerar que debía prevalecer la Ley de Montes (nacional) sobre la regional, y que esas instalaciones eran incompatibles con la regeneración de masa forestal. Además, en su sentencia, el juez señaló que la ley aprobada por las Cortes entraba en contradicción con otra normativa regional: la Ley de Montes de Castilla y León. Fue el estoque final para el proyecto, aunque no fue hasta 2018 cuando se procedió al derribo parcial a fin de dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número dos.

Ese mismo año, los grupos provinciales del PSOE, Sí se Puede y Toma la Palabra interpusieron una denuncia ante la Fiscalía para depurar responsabilidades por un proyecto que tenía un presupuesto de cuatro millones y acabó costando más de doce, para no llevarse a cabo. Los tres grupos pedían que se investigasen los delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

Archivo y reapertura

No obstante, en junio de 2021 el Juzgado de Instrucción número 4 archivó la causa al no hallar indicios de falsedad documental ni malversación de fondos. Sí tenía sospechas sobre una posible prevaricación, pero tomó la misma decisión con este delito al considerar que ya habían pasado cinco años y había prescrito. Pese a todo, en el auto, el juez se refiere a la tramitación administrativa como un «despropósito» y al proyecto como un «claro ejemplo de lo que no se puede hacer en la gestión de fondos públicos».

Ecologistas en Acción y Toma la Palabra decidieron recurrir el archivo del caso y la Audiencia de Valladolid estimó parcialmente este recurso en febrero de 2022 para volver a abrir la causa. Aunque mantuvo el archivo de los delitos de malversación y falsedad documental, no hizo lo mismo con el de prevaricación, cuyo periodo de prescripción cifró en diez años,e n lugar de cinco. Un plazo que no se cumple entre el 5 de agosto de 2010, cuando Sodeva aprobó una inversión de 1,6 millones en obras de reparación, intereses, indemnizaciones y gastos de custodia a favor de la empresa Corsán-Corviam (origen del presunto delito de prevaricación) y el 11 de septiembre de 2019, inicio de las diligencias penales.

El juicio por esta causa comenzará en la Audiencia de Valladolid entre este lunes y se prolongará hasta el viernes. En el banquillo se sentarán el expresidente de Sodeva y alcalde actual de Olmedo, Alfonso Centeno, el arquitecto de Sodeva Valentín González, el exjefe de Urbanismo de la Diputación, Luis Torroglosa y el exalcalde de Villaverde de Medina y exdiputado provincial, Pedro Pariente. La Fiscalía de Valladolid pide para ellos siete años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, mientras que la acusación popular, formada por Ecologistas en Acción y Valladolid Toma la Palabra eleva a once años la petición de inhabilitación y añade una solicitud de indemnización conjunta en favor de Sodeva o la Diputación de algo más de 11,6 millones de euros.