Los vecinos de Laguna de Duero se verán obligados a pagar 135 euros de media en 2025. La aprobación de este nuevo cobro para los habitantes de Laguna se aprobó en pleno esta semana. Para poder cumplir con la obligación de que cubra íntegramente los costes del servicio de recogida de los residuos, que según  datos de Tesorería, ascienden en la actualidad a 1.278.597,60 de euros, el importe de la tasa estará entre 60 euros de mínima o 189 euros de máxima. 

Se incluyen tres bonificaciones diferentes, que serán siempre a petición de los interesados: La primera será para familias numerosas, que tendrán el mismo tratamiento que en la ordenanza del IBI. También para aquellas familias que realicen compostaje domiciliario, programa en el que está trabajando ya el Gobierno Municipal. Los que se acojan a el podrán tener una reducción en su cuota variable de hasta el 75%. Y, por último, para las familias en riesgo de exclusión social hasta un 2% del IPREM. 

Tras el pleno, el concejal de Servicios económicos, Juan Carlos Rodríguez, ha comparecido ante la prensa aclarando de nuevo que "la Tasa de Basuras y el IBI son dos cosas diferenciadas y que el IBI, por prudencia al no saber bien cómo va a resultar la Tasa de Basuras, éste 2025 no se baja hasta tener datos claros de recaudación. Son necesarios antes de aplicar rebajas en otros tributos a modo de compensación".

Llama la atención el hecho de que la media de esta tasa de Laguna de Duero casi será el doble que la fijada por el Ayuntamiento de Valladolid, que se sitúa en 70 euros. Además, también resulta llamativo el hecho de que no se hagan distinciones en relación a la cantidad de basuras que pueda generar un domicilio o un local comercial. 

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos ha criticado la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Laguna de Duero "sin que se hayan realizado las modificaciones necesarias para garantizar a la ciudadanía una tasa justa". La norma, aprobada inicialmente el pasado 24 de septiembre, establece "la abultada" cuota media por vivienda de 135 euros, con cuotas para las actividades comerciales "muy por debajo de las fijadas en otros municipios de la provincia", las cuales, en opinión de IU-Podemos, no guardan proporcionalidad con el elevado volumen de residuos que generan estos sectores. Han quedado desestimadas las propuestas de modificación registradas por 323 interesados.

Desde la formación lamentan que el gobierno tripartito haya rechazado "la casi totalidad" de sus alegaciones, en las cuales solicitaba "modificar sustancialmente" la estructura de la tasa, que se empezará a cobrar en 2025, para "rebajar los costes del servicio repercutidos a los contribuyentes, garantizar la progresividad fiscal, establecer incentivos para que la ciudadanía haga un correcto uso del sistema de gestión de residuos y cuidar nuestro entorno natural y la salud de las personas".

La formación de izquierdas señala que, bajo la nueva ordenanza, las cuotas de los contribuyentes "no guardarán relación" con la gestión de los residuos que realicen. "Con esta ordenanza, no existe ninguna vinculación entre la cantidad de residuos que generas y lo que pagas de cuota, por lo que no existe un incentivo económico para que los vecinos y vecinas reduzcan sus residuos más allá de una bonificación por el compostaje domiciliario, que para muchas personas no es una opción viable por el tamaño de su vivienda."

Sobre el debate y votación de esta ordenanza, IU-Podemos considera que "se está convirtiendo en habitual la convocatoria de plenos extraordinarios a las siete de la mañana para tratar los expedientes de mayor trascendencia, dificultando o incluso imposibilitando la asistencia de la gran mayoría de la ciudadanía y suponiendo un coste añadido para las arcas públicas. Estos expedientes podrían haberse llevado perfectamente a plenos ordinarios, los cuales se celebran a las seis de la tarde", han afirmado. "Esto también es consecuencia de las prisas que lleva el equipo de gobierno al tramitar esta ordenanza con la antelación mínima para cumplir con una ley aprobada en 2022".