La Junta expresó ayer su «confianza» en que la ministra de Vivienda, y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, «considere las peticiones y busque el consenso con las comunidades autónomas» en el nuevo plan estatal de vivienda, después de que esta presidiera el jueves la conferencia sectorial de vivienda y agenda urbana, en la que se abordaron, entre otros temas, el bono de alquiler joven y el próximo plan.

«La ministra apeló a la concordia y a llegar a acuerdos con las comunidades. Dijo que había que poner todos los medios del Estado en la política de vivienda. Son dos consideraciones muy interesantes y muy adecuadas pero que predique con el ejemplo porque, hasta ahora, ni lo uno ni lo otro», indicó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

«Hasta ahora, no ha habido ningún acuerdo con las comunidades. Pusieron en marcha la ley de vivienda sin contar con las autonomías, que son las competentes en esa materia, y pusieron en marcha un bono joven de alquiler también sin contar con las comunidades y sin medios suficientes», criticó.

De esta forma, contrapuso las ayudas de la Junta, «que llegan a todos los jóvenes» y apostilló: «Ese bono se hizo sin ningún tipo de consenso, igual que la política de vivienda. En definitiva, el consenso al que se refería la ministra no ha presidido su actuación ni la del ministerio».

Suárez-Quiñones hizo estas declaraciones en Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora), durante el acto de entrega de llaves a una adjudicataria de una de las quince viviendas de protección oficial.

Insistió en que la conferencia sectorial fue «especialmente complicada» para la ministra porque todos «los consejeros autonómicos, incluido yo, le afeamos sus declaraciones» sobre la disminución de fondos a las autonomías que no no declararan zonas tensionadas y limitación de precios de alquiler.

«Eso no es tolerable. Primero, porque la ley por el derecho a la vivienda determina que las comunidades pueden o no declarar esas zonas tensionadas. Es optativo y por tanto cumple la ley tanto quien las declara como quien no las declara», precisó.

El consejero recalcó que, «en definitiva, no hay una utilización general» de esa figura e incidió en que las políticas de intervención, de limitación de precios «retraen» el mercado. «Los propietarios que ven que sus precios se limitan hacen otra cosa y ponen viviendas de uso turístico o reservan el alquiler para evitar esa limitación de precios. Eso está comprobado históricamente, no solo en España», explicó.

Propietarios.

Por otro lado, el consejero afirmó hoy que las políticas de vivienda «no tienen que ser de intervención, de amedrentar ni limitar, que son las que utiliza el Gobierno», sino «acompañar, ayudar y apoyar» el pago del alquiler.

«La ley de vivienda de Sánchez ha dificultado estas políticas y que se sientan seguros los propietarios porque ha retrasado la posibilidad de recuperar la vivienda ante una ocupación ilegal», criticó.

En este contexto, recalcó que «se ha modificado la ley de enjuiciamiento civil y ha hecho que los plazos para recuperar la vivienda, si la ocupan ilegalmente, sean mucho mayores».