Casi como si se tratara de un martillo pilón que golpea con ritmo fijo sobre una superficie plana, aparecen cada vez con más frecuencia estudios solventes de distintos organismos cualificados, que insisten en una misma idea: el envejecimiento creciente de nuestra población, el aumento de la esperanza de vida, la inflación, que se ha reducido en una parte, pero que se mantiene en niveles por encima de lo deseable, y algunos otros factores que colaboran a lo mismo, vienen generando un volumen de gasto en pensiones, que además de suponer dificultades de sostenimiento, restan posibilidades de crecimiento a la economía en su conjunto y limitan los recursos a destinar a otros fines. Obviamente, no es un problema exclusivamente nuestro; está ocurriendo, en mayor o menor medida, en otros países occidentales que experimentan un desequilibrio demográfico similar al que tenemos nosotros.

Hace poco coincidían en el diagnostico hasta cuatro instituciones o entidades, nacionales e internacionales, que habitualmente hacen seguimiento de la evolución económica. La OCDE, el FMI, el Banco de España, la Fundación FEDEA, han emitido recientemente informes al respecto; no descartemos que cada uno de ellos pueda tener un cierto sesgo, porque no todo en la economía son números, también hay opiniones, puntos de vista diferentes, y hasta ideología. Pero cuando la coincidencia es amplia, querrá decir que algo pasa. El último informe de la OCDE, prestigioso organismo para la cooperación y el desarrollo económico, alertaba de que dos capítulos del presupuesto, las pensiones y los intereses de la deuda, alcanzaban la mitad del gasto público total en España y advertía de que el gasto en pensiones estaba restando crecimiento a la economía. Es cierto que sobre esa realidad ha pesado la revalorización del importe de las pensiones en un momento de alta inflación, un efecto lineal previsto legalmente, que podría ser corregido con algún tipo de escala proporcional de aumento que no se ha planteado siquiera, fiando la cuestión a una reducción de la inflación.

Las previsiones son que a medio y largo plazo el problema seguirá, e incluso se agudizará. Y habrá que plantearlo con realismo, equilibrando el efecto de solidaridad con el crecimiento que permite llevarlo a cabo.