La paralización de la economía ha puesto al borde del precipicio a muchas empresas, y unas cuantas ya han caído al vacío. Son solo un aperitivo de lo que, según las patronales de diversos sectores, está por llegar. Según los datos del Registro Mercantil recogidos por Iberinform, el mes de marzo dejó 31 empresas disueltas en Valladolid, la segunda cifra más alta en esta época del año desde 2008. Tan solo en marzo de 2014 se registró una cifra más alta (41), pero no lo hizo ni siquiera durante los años más duros de la anterior crisis, es decir, entre 2008 y 2013. La media de disoluciones en marzo durante esos seis años fue de 21 empresas. Además, hay que tener en cuenta que los efectos de la pandemia solo abarcan la mitad de ese mes en 2020, de modo que cabe esperar que esa tendencia se acelere en los próximos meses, cuando la falta de ingresos siga haciendo el agujero más grande en muchos negocios.

Hay más cifras que demuestran el impacto que está teniendo en la economía la Covid-19. Por ejemplo, las del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Las que dicen que marzo se cerró con 14.890 empresas dadas de alta en la Seguridad Social, 687 menos que en febrero. Una caída del 4,5 por ciento por los efectos de dos semanas de pandemia. Bien es cierto que el hecho de que una empresa haya dejado de estar de alta en la Seguridad Social no es sinónimo de cierre, ya que es un trámite que también se suele realizar con los ceses temporales de actividad, pero sí que revela la magnitud de esta crisis.

Y aunque el terremoto económico es generalizado, hay un sector que lo está pasando especialmente mal: el de los servicios. Tiendas, actividades de ocio, bares y restaurantes están casi completamente parados, a excepción de los que se han adaptado al envío de comida a domicilio, que son muy pocos y con una actividad no muy rentable en estos días. Además, son conscientes de que serán los últimos en abrir dentro de la fase de desescalada.

Y a la espera de que lleguen las ayudas, muchos están ya con el agua al cuello. Especialmente en la hostelería. La asociación provincial que aglutina a estos negocios calcula que el 15 por ciento de ellos podría desaparecer como consecuencia de esta crisis. «La incertidumbre es muy grande porque no sabemos cuándo vamos a poder abrir», explica la presidenta, María José Hernández. Pero sí que empiezan a tener otras certezas. Y nada esperanzadoras. A la patronal vallisoletana ya le han comunicado en conversaciones informales, «desde Madrid», que cuando abran, lo tendrán que hacer con aforos más limitados y horarios más reducidos. 

Más allá de la adaptación que tengan que hacer las empresas de este sector cuando puedan abrir, con más énfasis en el reparto a domicilio, la preocupación ahora es llegar vivas a esa fase. «Necesitamos ayudas directas que eviten el endeudamiento porque, si ese dinero no llega, muchos se van a ver abocados al cierre», añade Hernández. De hecho, señala que ya hay algunos que tienen tomada la decisión de no volver a levantar sus persianas. Y ya no se trata de una cuestión de supervivencia del negocio. Hernández alerta de que la necesidad ya ha llevado a algunos empresarios a tener verdaderas dificultades para llegar a fin de mes con la economía familiar.

los más castigados. Casi el 80 por ciento del descenso de empresas dadas de alta en la Seguridad Social son del sector servicios. Concretamente, pasaron de 11.696 a 11.163 entre febrero y marzo, 533 menos. En la industria hay 1.306 empresas dadas de alta (16 menos que en febrero), en la construcción 1.330 (128 menos) y en el sector agrario 1.091 (diez menos).

Otro de los grandes damnificados es el comercio. La patronal Avadeco no se aventura a estimar una cifra de posibles cierres, pero señala que el sector ya arrastraba una bajada de ventas este año de en torno al 30 por ciento. «Los cierres se producirán una vez que se pueda abrir, creo que habrá un goteo de empresas que por la falta de actividad actual, sumada a la lenta recuperación que se producirá, no aguantarán mucho tiempo», dice el presidente de Avadeco, Alejandro García.

A todas estas empresas hay que sumar las que al menos han podido acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). En Valladolid ya hay casi 7.000 firmas que lo han solicitado y más de 30.000 trabajadores potencialmente afectados. La Junta trabaja en articular ayudas para los afectados por esta medida, que generalmente pasan a cobrar el 75 por ciento de su salario.