El Constitucional admite el recurso contra la ley de amnistía

SPC
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El alto tribunal tramitará en total 19 recursos contra la norma aprobada por el Congreso de los Diputados, entre ellos todos los presentados por las comunidades autónomas gobernadas por el PP

El consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, compareció a finales de agosto para anunciar la aprobación del recurso contra la ley de amnistía. - Foto: Rubén Cacho (Ical)

El Pleno del Tribunal Constitucional admitió hoy 14 recursos de comunidades autónomas, entre ellos de Castilla y León, contra la ley de amnistía a los condenados del 'procés'. Además, respecto a la cuestión promovida por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Cataluña, decidió dar traslado al fiscal para que informe sobre el mismo.

Los recursos de las autonomías incluyen los presentados por once ejecutivos del PP, que son los de Castilla y León, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Murcia, Baleares, Extremadura, Cantabria y La Rioja. A los anteriores se suman los de dos Parlamentos autonómicos con mayoría popular y el presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page.

El tribunal tramitará en total 19 recursos contra la norma. Estos comprenden los 15 de las comunidades autónomas, dos del TSJC, uno del PP y la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Penal del Supremo.

Antes de proceder con el análisis de los recursos, el tribunal deberá resolver la recusación contra el magistrado conservador José María Macías. La Fiscalía lo acusa de falta de imparcialidad por haber respaldado informes contrarios a la norma durante su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Esta es una de las 54 recusaciones presentadas hasta la fecha.

El proceso se inició el 3 de diciembre, cuando el Pleno admitió el primer recurso presentado por las Cortes de Aragón. Esta admisión marcó el comienzo de una serie de admisiones que ahora se extienden al resto de impugnaciones autonómicas. La decisión representa un paso significativo en el proceso de revisión constitucional de la controvertida ley de amnistía.