La asociación Defensor del Paciente ha destacado este jueves que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado una sentencia en la que se condena a la Junta a reintegrar los gastos de 50.366 euros a una paciente que "dieron por desahuciada y tuvo que acudir a la privada para operarse de un cáncer de ovario".

Según el comunicado de la asociación, el TSJCyL el alto tribunal ha desestimado el recurso presentado por la Gerencia de Salud de Castilla y León contra la sentencia, dictada por el Juzgado de lo Social nº3 de Valladolid, la cual queda "confirmada2.

Como explica Defensor del Paciente, la Consejería de Sanidad de Castilla y León "se ve obligada al reintegro de los gastos sufragados por una paciente en una clínica privada, 50.366 euros", a la que explican que "no tuvo más remedio que acudir para operarse de un cáncer, cuando el en sistema público de salud la derivaron a Cuidados Paliativos, dando su caso por perdido y a la paciente desahuciada".

La paciente, de 52 años, fue diagnosticada en marzo de 2020 de un cáncer de ovario en el Hospital Río Hortega de Valladolid.

Como explica el comunicado, tras una biopsia "se le informó que el tumor era avanzado e inoperable, dirigiéndola a Oncología para decidir tratamiento".

Se inició tratamiento de quimioterapia "que no mostró ningún resultado favorable", mientras "el estado de la paciente fue empeorando a pasos agigantados, llegando a presentar caquexia en pocas semanas, con un peso era inferior a 40 kilogramos".

Según continúan el relato se decidió pasarla a Cuidados Paliativos domiciliarios, por lo que aseveran que se la daba ya "por desahuciada".

En ese momento, añade la asociación, su familia decidió acudir a la Clínica Universidad de Navarra en busca de un tratamiento que mejorase su estado.

"Allí llevaron todas las pruebas diagnósticas y tratamientos realizados en el Hospital de Valladolid. Cuando vieron el diagnóstico inicial, les informaron que el tumor que presentaba en el ovario sólo admitía un tratamiento posible: el quirúrgico", han añadido.

Se les informó de que era necesario "operar sin demora para salvar su vida, a la vista del estado en que se encontraba la paciente".

La paciente volvió al Hospital Río Hortega de Valladolid, donde apuntan que informó de la posibilidad de intervención de la que le habían hablado en Navarra, y solicitó "que Ginecología valorase tal posibilidad quirúrgica".

"La respuesta que recibió por parte del Hospital fue que ya estaba en manos de Paliativos, y así continuaría hasta el final", ha apostillado Defensor del Paciente, que extrae de esa situación que "le denegaron el único tratamiento que le podía salvar la vida".

La paciente decidió someterse a la intervención quirúrgica en la Clínica Universidad de Navarra en julio de 2020 y tras esta se realizó tratamiento de quimioterapia, hasta que finalmente quedó "libre de enfermedad".

La Sentencia en primera instancia --destaca Defensor del Paciente-- reconocía el derecho de la paciente a que se le restituya lo que pagó en la clínica privada, "al considerar que se trataba de una auténtica urgencia vital que le obligó a buscar la asistencia médica fuera del sistema público de salud para salvar su vida".

El texto judicial obliga a la Consejería a devolver a la paciente los costes que debió asumir para someterse "al único tratamiento posible para el tumor de ovario, una operación que le ha salvado la vida, y que en la sanidad pública se le negó, condenándole a una muerte segura", algo que ahora confirma la desestimación del recurso.

Al respecto, la presidenta de la Asociación 'El Defensor del Paciente' reprocha que "se firmó una sentencia de muerte, a pesar de que existía tratamiento para erradicar el cáncer de la paciente; una intervención quirúrgica que tuvo que buscar fuera del sistema público de salud. No se puede tolerar comportamientos como el aquí sucedido".

La defensa del caso ha sido llevada a cabo por el Abogado Santiago Diez Martínez, del Bufete SDS LEGAL, despacho encargado de los Servicios Jurídicos de la Asociación 'El Defensor del Paciente' en Castilla y León.