La Guardia Civil de Valladolid ha puesto a disposición judicial a seis varones, con edades comprendidas entre los 44 y los 81 años, por presuntos delitos de alzamiento de bienes, apropiación indebida, insolvencia punible y blanqueo de capitales tras disolver una empresa y crear otra para repartirse 235.500 euros cobrados de forma indebida que nunca devolvieron y comprarse coches, viendas y ropa deportiva.

Los hechos se remontan, según informan desde el Instituto Armado a través de un comunicado, a febrero de 2024, cuando el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ordenó la investigación tras la denuncia en sede judicial de una empresa que advertía de que una sociedad no había hecho frente al abono de un pago que de manera indebida había cobrado por la citada cantidad, tras haberla reclamado en varias ocasiones sin recibir contestación alguna.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Milkeda, realizó una exhaustiva investigación en la que pudo constatar que en 2008 la sociedad demandada cesó su actividad, y que presentó un concurso voluntario de acreedores el mismo día que le fue notificada la sentencia en 2021 que les obligaba, en resolución judicial firme, a reintegrar la cantidad que previamente y de forma indebida recibió.

También comprobó que el concurso voluntario de acreedores, realizado tras conocer la resolución de la demanda, se produjo 13 años después del fin de actividad empresarial.

Además, las investigaciones desvelaron que el dinero reclamado se utilizó para numerosas compras que no correspondían con la actividad empresarial de esta sociedad, tales como compra de vehículos a motor, adquisición de vivienda, certificados de vehículos históricos, compra de ropa deportiva y transferencias bancarias entre varios de los miembros del Consejo de Administración y otras transferencias desviadas particulares sin conexión aparente con la empresa demandada.

"Del estudio de toda la documentación obtenida procedente de diferentes Administraciones Públicas, se determinó fehacientemente, que tras el cese de la actividad de la sociedad demandada, los administradores de la misma, crearon una nueva empresa con el mismo objeto social, la cual estaba formada por algunos de los socios fundadores que componían el consejo de administración anterior", añade la información.

A través del estudio y análisis de la documentación recapitulada, los agentes lograron demostrar "la conducta punitiva necesaria, para realizar la comisión de los delitos de alzamiento de bienes, apropiación indebida, insolvencia punible y blanqueo de capitales".

Tras numerosas gestiones lograron identificar a un total de seis personas que residen habitualmente en Valladolid, Ponferrada (León) y Barcelona, todos de nacionalidad española, con edades comprendidas entre los 44 y 81 años, y a los que se tomó declaración en calidad de investigados, si bien no se procedió a su detención debido a la disponibilidad mostrada ante la justicia.

"Especial dificultad entrañó encontrar y demostrar la culpabilidad del máximo responsable de las sociedades investigadas, pues éste, se encontraba desarrollando su actividad laboral en Sudamérica, lo cual dilató la investigación durante varios meses", concluye.