El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y Sareb mantuvieron este lunes una reunión para tratar el tema de los pisos okupados en la comunidad Arroyovereda. Tras el encuentro, el municipio hizo público un comunicado en el que dejó claro que se opone a que el Sareb legalice a los 'okupas' a través de su programa de alquiler social.
En la reunión han estado presentes el concejal de Presidencia y Seguridad, el jefe de la Policía Local y la responsable del Centro de Acción Social de Arroyo, quienes han relatado los problemas de convivencia y seguridad que se vienen registrando en esta zona.
"Hemos dejado muy claro que el Ayuntamiento se opone a que se legalice a ningún okupa a través de estos alquileres sociales promovidos por el Sareb", apunta Alfonso González Mozo, quien ha recordado también que el pasado jueves, recoge Europa Press, se había aprobado una moción en esta línea, impulsada por IPAE y respaldada por la mayoría absoluta del Pleno.
"Los vecinos de Arroyovereda compraron sus pisos en el mercado libre y es intolerable que ahora se concedan allí alquileres sociales a personas que accedieron a esas viviendas por la fuerza, ocupándolas", censura el edil, quien recuerda que "esto puede acabar provocando un 'efecto llamada'". "Se premia al que infringe la ley y se castiga al vecino que se paga su vivienda con su trabajo diario, que son los verdaderos vulnerables aquí".
El Ayuntamiento ha explicado al Sareb que "la convivencia en el entorno de la calle Narciso Monturiol está muy afectada, con frecuentes intervenciones de la Policía Local y con problemas que muchas veces se silencian por el miedo que tienen muchos vecinos a estos okupas".
Respuesta de Sareb
Sareb contestó a este comunicado con otro en el que señaló que la compañía recibió estas viviendas en el año 2023, "cuando estaban ya habitadas de manera irregular", y desde entonces ha estado trabajando en analizar caso a caso la situación de las personas que habitan sin título esas viviendas.
Este trabajo se ha saldado con la presentación de 44 denuncias judiciales por la vía civil o penal para solicitar el desalojo de vecinos conflictivos o no vulnerables. La compañía también se ha subrogado en los alquileres considerados vigentes por el Juzgado. Además, ha firmado un alquiler social con acompañamiento y, además, ha detectado vulnerabilidad en otros 15 casos. El análisis de esos casos ha sido compartido este lunes con los Servicios Sociales del Ayuntamiento para contrastar si se debe proceder a la firma de un alquiler social con acompañamiento.
Tres casos
"Sareb quiere expresar su voluntad de gestionar esta compleja situación en colaboración con el Ayuntamiento", dice el comunicado. La compañía admite que no seguiría adelante con la firma de estos alquileres sociales e iniciaría el procedimiento judicial para recuperar la posesión de las viviendas en cualquiera de los siguientes supuestos: si los Servicios Sociales de dicho Consistorio certifican formalmente, en referencia a cada vivienda concreta, que sus respectivos residentes no son vulnerables; o bien aportan un informe policial que acredite que son conflictivos; o bien, alternativamente, facilitan una solución habitacional para las familias afectadas.
"Si no se da ninguno de los tres supuestos anteriores, Sareb seguirá adelante con su protocolo de gestión de la vulnerabilidad, adecuándose así al marco legal establecido para grandes tenedores de vivienda que prohíbe el lanzamiento de residentes vulnerables sin alternativa habitacional", incide la sociedad.
El Programa de Alquiler Social con Acompañamiento de Sareb está sujeto a la corresponsabilidad de las familias que forman parte de él y son acompañadas por los mediadores sociales de la compañía para trabajar conjuntamente en superar su situación de riesgo de exclusión. Este programa acaba de cumplir dos años y ha sumado ya 8.000 alquileres aprobados en todo el territorio español.