La Policía Nacional detuvo a dos varones como presuntos autores de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y contra los derechos de los trabajadores por prostituir a mujeres en un club de alterne de la provincia de Valladolid, tras captarlas con falsas promesas de un puesto de trabajo.

La investigación se inició en el mes de marzo del año 2024 cuando agentes de Policía Nacional detectaron e identificaron a dos víctimas de explotación sexual. Una de las víctimas de origen sudamericano relataba cómo fue captada y engañada por sus explotadores en un país de la Unión Europea donde residía junto a su hija menor de edad, mediante la falsa promesa de un puesto de trabajo como ayudante de cocina en un restaurante de la provincia de Valladolid. 

Uno de los explotadores se trasladó a recogerla al país donde residía para llevarla al "restaurante" donde trabajaría, desconociendo que el verdadero propósito de su viaje era ser explotada y obligada a ejercer la prostitución en un club de alterne de la provincia.

Las víctimas se encontraban en situación de necesidad y vulnerabilidad, carecían de recursos económicos, por lo que fueron seducidas por la falsa promesa de empleo con el ánimo de poder prosperar en España, situación de precariedad económica y vulnerabilidad que sus explotadores conocían y aprovecharon para captarlas.

Una vez llegaron al establecimiento, sus explotadores le informaron que ese lugar no era un restaurante sino un club donde tendría que ejercer la prostitución bajo las condiciones impuestas por los proxenetas, las cuales consistían en trabajar obligatoriamente de lunes a domingo sin descanso, desde las 17.00 hasta las 4.00 horas de la madrugada, no podía rechazar a ningún cliente, tenía que vestir ropa sexy para trabajar y captar clientes en la sala. 

Si incumplía el horario o salía del club en horario de trabajo tendría una multa y tenía que trabajar siempre, aunque estuviera enferma. Si las víctimas incumplían alguna norma del club sus explotadores también les restringían y limitaban el acceso a la comida.

Las tarifas que tenían que cobrar por los servicios de prostitución realizados a los "clientes" también eran establecidas por los proxenetas. El control que los varones ejercían sobre las mujeres en el club era absoluto a través de un sistema de videovigilancia que monitorizaban desde sus teléfonos móviles, además las víctimas eran aleccionadas sobre lo que tenían que decir en caso de inspección por parte de la Policía.

Cuando una de las víctimas no soportó más la situación y pretendía abandonar el club fue amenazada y coaccionada por sus proxenetas para que continuara asumiendo las condiciones impuestas bajo amenazas como denunciarla para ser deportada a su país y quitarle a su hija menor de edad.

A las mujeres víctimas identificadas, se les ofrecieron y proporcionaron todos los servicios y recursos disponibles de atención y protección especializados, en aras de garantizar su protección y seguridad.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial decretando su libertad con cargos