El 88,4 por ciento de los ayuntamientos de Castilla y León cumple con la obligación legal de rendir las cuentas generales, aunque el 22 por ciento lo ha hecho fuera del plazo legalmente establecido, según destacó el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, en las Cortes durante la presentación del informe anual de las cuentas del sector público local, aprobado por la institución el pasado 23 de julio. No obstante, la comparación por comunidades de los niveles de rendición en plazo pone de manifiesto que Castilla y León, pese a tener casi el 30% de los ayuntamientos del país, presenta valores superiores a la media nacional, el 60,1 por ciento, con un diferencial favorable de 6,3 puntos, el más alto registrado en los últimos cuatro años.

Durante la presentación, Amilivia reiteró que «la rendición de cuentas, como deber democrático y obligación legal, garantiza la transparencia que permite a los ciudadanos conocer el uso de los fondos públicos por parte de sus representantes locales y la situación económica de sus municipios». El informe pone de relieve que 2.484 entidades locales rindieron la cuenta general en plazo, un 52,4 por ciento, con un descenso de 5,8 puntos respecto a 2021. Por tipo de entidad, los ayuntamientos presentaron el mejor nivel, el 66,4 por ciento, si bien se registró una disminución interanual de 3,1 puntos. Solo aumentó en Burgos (+1,3). De las diputaciones rindieron en plazo 5, una menos. Las entidades locales menores registraron un 39 por ciento, disminuyendo 8,6 puntos.

En la actualidad, han cumplido todas las diputaciones, el 88,4 por ciento de los ayuntamientos y el 75 por ciento de las entidades locales menores, si bien el Consejo Comarcal de El Bierzo continúa sin rendir. 

Medidas coercitivas

Todos los grupos parlamentarios mostraron su apoyo a la recomendación de establecer por ley medidas coercitivas para la entidades locales que no rindan cuentas. Amilivia planteó que la orden de convocatoria del Fondo de Cooperación Económica Local de 2021 que, por primera vez estableció como requisito a cumplir por las entidades beneficiarias la rendición de cuentas, se haga extensiva a todas convocatorias de ayudas públicas.

Además, destacó que las diputaciones deben jugar un papel esencial para mejorar el nivel de rendimiento de cuentas y, además de convertirse en un ejemplo para los ayuntamientos, también deben de reforzar sus servicios de apoyo a los municipios y cumplir con su obligación legal de asesoramiento.

La procuradora Rosa María Esteban (PP) se mostró partidaria de estas medidas coercitivas, pero recordó que algunos incumplimientos vienen provocados por la falta de medios, por lo que además planteó la necesidad de ofrecer formación al personal municipal, incluidos alcaldes y concejales.