El Juzgado Contencioso Administrativos número 4 de Valladolid ha anulado la licencia de obra que permitió poner en marcha una explotación avícola de 51.779 pollos de engorde en una parcela rústica en San Miguel del Arroyo (Valladolid). En concreto, el fallo al que ha tenido acceso a la Agencia Ical señaló que la licencia urbanística solicitada por la promotora de la macrogranja no se ajusta a derecho, al superar la edificabilidad máxima prevista en las normas urbanísticas municipales para ese espacio. Es decir, los 2.913 metros cuadrados de superficie construida excedían los 2.000 metros permitidos.

La explotación para el engorde de casi 52.000 pollos se emplaza a una distancia aproximada de 1.200 metros del casco urbano de Viloria y a 4.600 metros de San Miguel del Arroyo. La cercanía a ambos pueblos fue el motivo por el que la Asociación Vecinal San Miguel en Vivo, que trabaja en la defensa del medio ambiente del municipio, presentó un recurso contencioso-administrativo contra las licencias de actividad/instalación y de obra del Ayuntamiento del municipio.

La sentencia de 23 folios, con fecha de ayer lunes y contra la que cabe un recurso de apelación, desestimó íntegramente el recurso contra el Decreto de Alcaldía por la licencia de actividad e instalación de la explotación avícola pero, en cambio, acepta la demanda contra el permiso municipal del Ayuntamiento para la ejecución de la obra de la nave avícola. La explotación se ubica en dos parcelas que suman 3,07 hectáreas, con una superficie construida es de 2.913 metros cuadrados, repartidos entre la nave (2.653 metros) y el estercolero (260 metros). 

La impulsora del proyecto, quien solicitó al Ayuntamiento de San Miguel del Arroyo la licencia de obra para construir la nave avícola en julio de 2019, alegó que el exceso de edificabilidad máxima prevista en las normas urbanísticas del municipio era por el tipo de instalación. En concreto, su defensa justificó que se debía ajustar al Plan de Incorporación y Mejora presentado por la solicitante ante la Junta de Castilla y León para la creación de dos puestos de trabajo con una viabilidad económica "positiva". En concreto, precisó que la inversión de la granja no se podía llevar a cabo con una superficie inferior a 2.000 metros cuadrados, al ser inviable económicamente.

Pese a que tanto la asociación vecinal como el Ayuntamiento demandaron que el proyecto contara con una autorización de uso excepcional  en suelo rústico y también la correspondiente licencia ambiental, finalmente la licencia ambiental no fue necesaria y se resolvió con una comunicación ambiental. No en vano, la evaluación de impacto ambiental solo se requiere cuando la explotación supera los 55.000 pollos y en este caso se quedaba en 51.779.

La Asociación Vecinal San Miguel en Vivo calificó, según Ical, la sentencia como “histórica” para la defensa del medio ambiente del municipio, después de que los vecinos consiguieran anular “por ilegal” la licencia de obras, en la que “tanto empeño había puesto el alcalde –José Arenal- en otorgar para la construcción de la macrogranja contaminante que tanto daño causa al medio ambiente del pueblo”.  En este sentido, anunció que convocarán una concentración de vecinos frente a la macrogranja para “exigir” al Ayuntamiento su cierre “inmediato” y demandar que se deniegue la licencia  a la segunda macrogranja “semiescondida” en el proyecto. 

La asociación mostró su rechazo a esta explotación avícola al calcular que los cerca de 52.000 pollos iban a generar más de 500.000 kilos de estiércol al año y la contaminación del aire que, en días de viento, llevaría el mal olor hasta el casco urbano de San Miguel del Arroyo. También mostraba su oposición a este tipo de granjas por el 'efecto llamada' para que se instalaran más explotaciones de este tipo, tal y como ocurre en los municipios del entorno.