Que todo el interés político de una jornada, o de una semana, se centre en las declaraciones que ante un juez pueda hacer alguien tan desprestigiado como Víctor de Aldama, 'el comisionista', muestra hasta qué punto está degradada nuestra vida pública. Que todo el aparataje gubernamental esté volcado en mostrar la falsedad de lo que dice el ex aliado de Koldo, involucrando a miembros del Gobierno y del PSOE en la trama de corrupción en la que él mismo está enfangado, también es una muestra de una cierta quiebra moral de nuestra política. Sí, hay una difusa, pero innegable, falta de moralidad en buena parte de lo que ocurre. Y, sin embargo, lo cierto es que 'el caso Aldama', llamémoslo así, parece desinflarse un poco, a menos que este lunes nos convenza con pruebas fehacientes de que lo que dice, todo lo que dice, es verdad. Constato que hay dudas razonables de que pueda hacerlo.
Si tengo que decir la verdad, veo menos nervios en el Gobierno -hasta donde se me alcanza la observación en medio de la niebla de la opacidad gubernamental-que cuando se afrontaba la primera declaración del 'comisionista'. Ahora, en La Moncloa y en el Ministerio de Justicia, y en el de Transportes, y en el PSOE, ya saben lo que va a decir. Y al menos desde el Ministerio de Óscar Puente se hace constar que una parte de las acusaciones de Aldama son, simplemente, falsas. A menos que surjan pruebas que ni siquiera conoce la UCO, esa unidad operativa de la Guardia Civil a la que el Gobierno, que no la controla en absoluto, reconoce que aborrece a poco que le preguntes.
Pude hablar largamente con el ministro Ángel Víctor Torres, el responsable de Política Territorial y Memoria Democrática, a quien Aldama acusa de haber exigido una comisión de cincuenta mil euros que, sin embargo, nunca le fue pagada. Creo, la verdad, que esa acusación es, simple y llanamente, una mentira, algo por lo menos indemostrable, que sospecho que Aldama no volverá a repetir en sede judicial, como quizá no se atreva a sostener sus acusaciones contra Santos Cerdán o contra el jefe del Gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, de quienes dice que se llevaron dinero de comisiones ilícitas. Yo más bien pienso que Aldama se dedicará a lanzar sus cañonazos verbales contra el exministro José Luis Ábalos, a quien creo que acusa de haber hecho un 'pacto del dentista' ('¿verdad doctor que no vamos a hacernos daño?') con el Gobierno: tú no me atacas y yo no te atacaré. Así que la guerra se limitará seguramente a 'Aldama versus Ábalos': a ver quién gana. O si todos pierden.
Lo que digo no implica que en La Moncloa y en el Ministerio de Justicia, donde esta semana alumbrarán en el Congreso una 'minirreforma judicial', estén del todo tranquilos. En las inmediaciones del presidente Sánchez se sigue hablando de la 'inquina judicial' (no de todos los jueces, pero sí de muchos) contra el Gobierno socialista. No tanto por recibir la declaración 'voluntaria' que puso a Aldama, de manera poco explicable, fuera de prisión, cuanto por la 'persecución' a familiares del presidente, concretamente su mujer y su hermano. Una cuestión que, afirman viajeros a La Moncloa, tiene particularmente irritado a Sánchez, por más que él trate de aparentar una calma y una seguridad en el futuro que, aunque sus asesores de más confianza le digan que todo va, como la economía, bien, está lejos de sentir. No tiene usted nada más que mirar algunas de las fotografías más recientes de Sánchez, en las que el gesto a veces le traiciona.
Pero a lo que íbamos: desde luego, no es el comisionista Aldama -a quien algunos medios tienen la humorada de llamar 'el empresario'-quien más preocupa al Ejecutivo. Ni, desde luego, la sesión parlamentaria de control al Gobierno de este miércoles, donde se ha registrado una curiosa pregunta del portavoz 'popular' Tellado al ministro de Justicia: "¿Qué valoración hace del calvario judicial del Gobierno?'. Eso, el mismo día en el que Begoña Gómez debe comparecer ante el juez Peinado.