Las encuestas dicen que la inmigración es uno de los principales problemas del país, pero no lo es tanto para los representantes de la ciudadanía, urgidos siempre por las cuestiones del día a día, a repartir entre las críticas habituales de la oposición y la expiación de los errores cometidos por negligencia parlamentaria. Fue el PP quién reclamó un pleno extraordinario para que el presidente del Gobierno explicara su política migratoria, pero no ha podido sustraerse a atizar al Gobierno por la situación judicial de Begoña Gómez y a acusarle de indigencia moral por la revisión de condenas a etarras.
El relato de la ultraderecha y del PP, que se siente fascinado por las políticas de la ultraderechista italiana, Giorgia Meloni, presenta a la inmigración como la causa de todos los problemas sociales, desde el desempleo a la delincuencia o al deterioro de los servicios sociales. Un discurso populista que cala hondo pero que difiere de la realidad. Pedro Sánchez defendió las bondades de la inmigración en distintos terrenos, el humanitario; el económico, porque los inmigrantes cubren los puestos de trabajo que no quieren los nacionales, y el demográfico, porque somos una sociedad envejecida y poco prolífica. El añadido de que el Gobierno va a poner en marcha un Plan Nacional de Integración y Convivencia Intercultural para eliminar trámites burocráticos innecesarios y facilitar el arraigo de los inmigrantes para "evitar los errores cometidos en otros países", lleva a pensar sobre el motivo por el cual ya no está en marcha, porque el fenómeno migratorio no es nuevo y las crisis migratorias son recurrentes. Y más sorprendente aún es que un pleno sobre inmigración no se haya dicho ni una sola palabra sobre la legalización de medio millón de migrantes, que está pendiente, cuando esa es la mejor política de integración.
Con todos los grupos parlamentarios dedicados a hablar mayoritariamente de sus asuntos, el líder de Vox fue el altavoz del relato que combina inmigración con delincuencia, inseguridad, violaciones grupales y el efecto llamada.
Todos los tópicos acerca de las maldades de la inmigración fueron rebatidos por el jefe del Ejecutivo con datos: los inmigrantes tienen una tasa de actividad 4 puntos superior a los nacionales, aportan el 10% de los ingresos a la caja de la Seguridad Social, y usan los servicios públicos y las prestaciones sociales un 40% menos que los nacidos en España, explicó.
En apoyo de los datos del Gobierno ha acudido una institución nada sospechosa de connivencia con el Ejecutivo como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que afirma que el alarmismo asociado a la inmigración está, "en gran medida, injustificado". ¿Por qué? Porque los inmigrantes de países no pertenecientes a la UE ganan un 30% menos que los trabajadores españoles; porque "la evidencia empírica" dice que la inmigración no tiene "efectos negativos significativos" ni sobre el empleo ni sobre los salarios de los trabajadores nacionales; porque los inmigrantes tienden a tener periodos de desempleo más cortos; porque su uso del Sistema Nacional de Salud es igual al de los españoles en los mismos grupos de edad y porque la tasa general de delincuencia" no ha aumentado con la inmigración. Coinciden, además, en la necesidad de políticas de integración y de una gestión eficaz de los flujos migratorios.