Alrededor de doscientos profesionales sanitarios agredidos verbal o físicamente todos los años en la provincia vallisoletana es una cifra muy alta, demasiado, especialmente cuando de ellos depende en gran parte la salud o la curación de nuestros familiares o amigos, e incluso la nuestra propia. La violencia en los centros sanitarios es una sinrazón, como casi en todos los sitios, pero aún más cuando se produce hacia quienes tienen la responsabilidad de diagnosticar y aplicar los tratamientos de los pacientes, una tarea difícil, sacrificada y, en muchos casos, poco valorada socialmente. Desde siempre ha habido personas que consideran la fuerza bruta (el insulto o la agresión) como herramienta para conseguir lo que quieren y cuando lo quieren, sin embargo en la sociedad actual no cabe este comportamiento, a pesar de que en algunos casos pudiera tener algo de razón.
Por supuesto que, en primer lugar, hay que tratar de desterrar estas actitudes y comportamientos violentos en la sociedad, pero ante ellos se deben tomar medidas que garanticen el trabajo sosegado, profesional y, en muchas ocasiones, humanitario que realizan a diario médicos, enfermeras, celadores y todo el personal que trabaja en los consultorios, centros de salud, hospitales y cualquier otra instalación sanitaria. A falta de los datos del pasado año, algo que se se conocerá en los próximos meses, los incidentes y los trabajadores afectados van aumentando en los últimos años, especialmente después de la pandemia de la covid-19. Puede que solo sea una lectura errónea de las cifras o que el sufrimiento sanitario y social de esos años nos haya dejado alguna huella en el comportamiento, pero nada justifica los ataques contra quienes nos protegieron jugándose su propia vida y los que siguen haciéndolo hoy. Quizás el tema de la violencia en los centros sanitarios tenga más un componente social, pues muchos de los incidentes se producen de forma reiterada en los mismos centros de salud.
Sin ningún ánimo de señalar barrios o zonas con mayor conflictividad, la presencia de incidentes en los mismos lugares debería llevar a la Consejería de Sanidad a adoptar alguna medida singular. Es algo que, por ejemplo, ya han hecho en el centro de salud de Laguna de Duero, donde precisamente cuentan con un vigilante de seguridad desde este fin de semana después de la agresión a una médica por parte de una paciente, que ya ha sido condenada a una orden de alejamiento y se le ha cambiado de centro. Hace ya años que no existe la figura del vigilante en la puerta, que al menos imponía cierto respeto, algo que en estos tiempos se ha perdido bastante, y quizás haya que plantearse su recuperación en ciertos entornos, pues los profesionales denuncian que las cifras que baraja el Observatorio de Agresiones solo es la punta del iceberg, pues en muchas de las ocasiones, especialmente cuando es violencia verbal (insultos, amenazas, etc) los afectados no se desplazan hasta la Comisaría para interponer la denuncia.
Aún teniendo en cuenta los problemas o el mal funcionamiento del sistema público de salud, no es admisible ni loable encararse con los profesionales, mucho menos llegar a proferir insultos, amenazas o gritos, ni creer que un paciente está por encima de un profesional 'porque le pagamos todos', frase que se escucha demasiadas veces. Tener la posibilidad de presentar una denuncia en el propio centro de trabajo sacaría a la luz muchas de estas agresiones y castigaría a muchos de los que se comportan como seres irracionales. Ciertamente, en ocasiones, existe tensión en estos lugares por la situación delicada de un familiar o amigo, pero hay que saber comportarse en las buenas y en las malas, y si en algún momento se pierden los nervios, uno debería disculparse y pedir perdón.
De momento, habrá que seguir poniendo medios al alcance de los profesionales (los médicos ya tienen el botón del pánico), pues en ocasiones la situación de soledad en las dependencias o la propia intimidad de los pacientes, acrecienta el miedo y 'envalentona' a los agresores.