El Gobierno trasladará mañana al Balneario de Las Salinas de Medina a 67 inmigrantes, que se suman a los 183 de diversas nacionalidades, la mayoría senegaleses, que han llegado a la localidad ante una emergencia humanitaria. Además, 25 ya están en Valladolid. 

Al parecer, el grupo llegó ayer a Medina del Campo, según ha podido saber El Día de Valladolid. El director del Balneario, Agustín Pescador, aclaró que se ha hecho mediante un acuerdo entre el Gobierno y la cadena hotelera Check In Hotels. "Se han instalado como cualquier otro cliente", mencionó. 

Estos 150 inmigrantes proceden de Canarias y su llegada ha generado cierta polémica en el municipio. En un primer momento, estarán ubicados en el hotel por espacio de un mes. "Es un beneficio para el pueblo porque son 150 clientes que estarán gastando durante un mes, que comen, cenan y desayunan en el hotel y están ubicados como el resto de clientes".

Un grupo de los 150 inmigrantes que se han trasladado al Balneario de Las Salinas en Medina - Foto: J.T.

El alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, apeló a la "solidaridad y generosidad" de los medinenses y del equipo de Gobierno, que siempre "han recibido a todos con los brazos abiertos, sobre todo a quienes más lo necesitan", pero matizó su "decepción" en este caso concreto, también con la Delegación y Subdelegación del Gobierno, por "no haber tenido ni una sola noticia de esto, más allá de las redes sociales y los medios de comunicación". "Es muy preocupante porque afecta al principio de deslealtad", denunció, visiblemente molesto. 

A su juicio, existe incertidumbre por la llegada de un grupo tan importante de personas a una localidad como Medina del Campo, dado que "se desconoce si están identificados, en qué circunstancias sanitarias llegan, y en qué niveles de seguridad, porque lo hacen en plena alerta 4 terrorista". "Nadie tenía conocimiento de esto. No costaba nada al menos hacer una llamada", comentó Gómez, quien sostuvo que la Junta de Castilla y León "tampoco lo sabía", manifestó en declaraciones a Ical. 

En el Hospital Comarcal de Medina del Campo ya se han preparado también ante la posibilidad de que los inmigrantes puedan necesitar cualquier tipo de atenciones. 

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por su parte, también defendía que "lo normal es que el Gobierno central hubiera informado para poder coordinar la atención a las 150 personas inmigrantes" que han sido realojadas en el hotel balneario. Fuentes del departamento dirigido por Isabel Blanco, consultadas por Ical, ensalzaron que Castilla y León "ha demostrado siempre ser tierra de acogida y lo seguirá siendo", pero reafirmaron que, "aún siendo competencias estatales, la llegada de estas personas ha sido una decisión unilateral del Gobierno, que en ningún caso se ha puesto en comunicación con la Junta".

En principio, según confirmó esta tarde la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virgnia Barcones, no está prevista la llegada de más inmigrantes a la Comunidad, aunque matizó que todo dependerá de la evolución de esta crisis migratoria. No obstante, Barcones, además de recalcar la solidaridad de la región, resaltó que la capacidad de la Comunidad para acoger a desplazados es mayor, dado que durante la Guerra de Ucrania entre Accen y Cruz Roja atendieron a 2.000 personas.

Además de defender la política migratoria del Gobierno, Barcones explicó que la estancia de estos inmigrantes, entres los que, en principio no hay menores, será de entre 15 días y un mes, a excepción de aquellas personas que soliciten protección internacional y se acojan al derecho de asilo.
A su vez, ha salido al paso de las críticas por la falta de información al resto de administraciones, y recalcó que en la mañana de hoy mantuvo conversaciones telefónicas con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a la vez que confirmó que también informó al alcalde de Medina del Campo. Según Barcones, aunque el lunes hubo una reunión con Accen el lunes para realizar una previsión, el número total de desplazados se ha conocido en las últimas horas.

Por otra parte, Barcones, en referencia las críticas lanzadas desde Vox Castilla y León, que esta mañana consideró que estas personas deben ser devueltas a sus países de origen, se mostró convencida de que "incluso los que nunca son responsables, esta vez por principios y por derechos humanos lo sean. Espero que a nadie se le ocurra relacionar inmigración con inseguridad porque es una falacia que desmontan los datos objetivos", afirmó.

En este sentido, además de recalcar que algunos partidos solo pretender generar miedo y confrontación con este problema, argumentó que el Gobierno está cumpliendo en todo momento con la legislación internacional y con los derechos humanos. "No me gustaría que hubiera insinuaciones que pudieran azuzar un pensamiento xenófobo", afirmo, a la vez que recalcó que ninguno de los emigrantes que ha llegado a Castilla y León ha salido de Canarias sin triaje previo para confirmar que no había problema de salud pública.

La delegada insistió en que el Gobierno está volcado con Canarias, a la vez que recalcó que se han adoptado todas las medidas necesarias para gestionar las llegadas. No obstante, puntualizó que en momentos de máxima tensión es necesario realizar derivaciones, "que se hacen de forma puntual, ordenada, segura y legal dentro del sistema de acogida. Se trata de repartir una parte de estas llegadas entre comunidades para colaborar de forma solidaria con Canarias en el momento de más llegadas del año".

Llamamiento a la calma

Mientras tanto, el responsable de Accen en Castilla y León, Daniel Duque, además de recordar que su ONG lleva más de treinta años trabajando con personas desplazadas, hizo un llamamiento a la calma. "Estamos hablando de personas que salen de sus países por motivos lícitos. Nadie está invadiendo a nadie, los números que están llegando somos capaces de atenderles sin ningún tipo de problema", afirmó.

Duque, que abogó por una inmigración regulada y por no "abrir las puertas a todo el mundo", también explicó que España debe cumplir con el derecho internacional y respetar los derechos humanos. A su vez, pidió empatía para unas personas que se juegan la vida por buscar un futuro mejor.

El responsable de Accen también explicó que la protección internacional -asilo- "no se regala" y explicó que en este caso los desplazados tendrán la máxima protección, incluido un permiso de residencia o trabajo de seis meses. En el caso de los inmigrantes que no solicitan el asilo, lo norma es que acaben desplazándose a sus núcleos familiares, especialmente en países francófonos de Europa.