Una vez conocida la sentencia del caso 'Meseta Ski', en la que se condena a 9 años de inhabilitación al alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, el PSOE hace responsable al Presidente del Partido Popular en Valladolid, Conrado Íscar, de la toma de la decisión de presentarlo como candidato a las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 a la Alcaldía de Olmedo.
Los socialistas entienden que la Ley de Partidos y los Estatutos del propio Partido Popular determinan "la suspensión cautelar de afiliación a una persona afiliada al partido cuando exista apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción", por lo que, según Francisco Ferreira, portavoz del PSOE en la Diputación y secretario de Organización del partido, "Alfonso Centeno nunca debió concurrir a las elecciones como candidato por el Partido Popular a la alcaldía de Olmedo, por cuanto en esa fecha, existía la apertura de juicio oral".
El alcalde de Olmedo, por dicha sentencia judicial y por ley, dejará de ser alcalde, como ya ha anunciado a través de redes sociales, pero el máximo responsable de que concurriera a las elecciones en su momento "es el presidente del Partido Popular, Conrado Íscar, por el hecho de que, contraviniendo la Ley de Partidos Políticos y los Estatutos del propio Partido Popular, decidió que siguiera como candidato a la alcaldía de Olmedo y es, asimismo, responsable último de que fuera Alcalde de Olmedo".
Para el portavoz socialista, "este hecho demuestra que el presidente tenía confianza plena en Alfonso Centeno, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación y por ello, su destino debe ir ligado al de éste". Francisco Ferreira es contundente "Conrado Íscar tiene la obligación de dimitir como presidente del Partido Popular por haber presentado como candidato a una persona con apertura de juicio oral en el que finalmente ha sido condenado".
Los socialitas recordaron que desde 2020 han estado solicitando de forma reiterada la disolución de Sodeva, una entidad que se creó, teóricamente, para obtener beneficios fiscales, cosa que "nunca" se han llegado a producir. "Tampoco cumple la mayoría de los objetivos de la sociedad, en la que se hacen multitud de contratos menores sin ningún rigor". Una sociedad que no está controlada por los interventores en la fiscalización de sus cuentas y que lo único que realmente hace es gestionar los centros turísticos, "tarea que podría realizar perfectamente la propia Diputación".
Esta sociedad "estaba ya herida de muerte por el juicio oral abierto a quien fuera presidente de Sodeva y a su vicepresidente, y ahora está muerta del todo".
El Presidente de la Diputación, Conrado Íscar, tiene que dimitir, porque según puede verse en el fundamento sexto de la sentencia, mediante acuerdo del presidente del Consejo de Administración de Sodeva, de fecha 10 de junio de 2024, "se renunció en el procedimiento a plantear la acción civil", señalándose de forma textual: "el art.108 LECrim excluye la posibilidad de que el Ministerio Fiscal entable las acciones penales y civiles de forma conjunta, cuando el ofendido haya renunciado a su derecho".
Es decir, el presidente del Consejo de Administración de la sociedad, "renunció a que en esta sentencia pudiera haber condena por responsabilidad civil y a que los condenados indemnizaran a la Diputación de Valladolid por la responsabilidad por su condena".
Francisco Ferreira concluyó al expresar que "con independencia de la responsabilidad política del presidente del Consejo de Administración, la responsabilidad principal es del presidente de la Diputación, Conrado Íscar, porque se ha renunciado a posibles indemnizaciones y no se han defendido los intereses de la Diputación y de la provincia. Además, la sociedad debe ser disuelta en el plazo más breve posible", indicó.