El Gobierno asegura que presentará los Presupuestos Generales del Estado para 2025 "en tiempo y forma", es decir ya, si pretende que estén en vigor en enero de 2025. Pero no descarta que tenga que prorrogar de nuevo los de 2023 ante la falta de apoyos suficientes para su aprobación. De momento, tiene que volver a presentar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, requisito previo para los Presupuestos, que Junts tumbó en julio. Y tras el pacto de ERC con el PSC en Cataluña, no parece que Puigdemont esté más cerca de dar el sí.

Pero, además, Esquerra Republicana exige que se aclare el acuerdo sobre el concierto económico catalán, eso que el Gobierno niega un día, confirma al siguiente y nunca explica en qué consiste realmente lo firmado. Concierto que, además, tiene que ser votado en el Congreso sin que nadie pueda garantizar los votos positivos de algunos socios, incluido Sumar, incluidos también los diputados socialistas de las comunidades que van a ver reducida su financiación para garantizar el pacto catalán y beneficiar a Cataluña. Así que la ley más importante del año y el acuerdo que establece la desigualdad radical entre españoles parecen estar en riesgo.

Otro problema que va a crecer este otoño es el de la inmigración. Se espera, se teme, la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, Canarias y a la península. El presidente del Gobierno anda estos días de viaje por África para tratar de "resolver" el problema de la inmigración incontrolada y ya ha anunciado la primera perla: se facilitará la llegada "ordenada" de 250.000 inmigrantes legales para cubrir empleos que precisan las empresas españolas para determinadas campañas o períodos concretos de tiempo. Un primer error grave: en un tema tan complejo como éste, Pedro Sánchez no sólo actúa al margen del PP y de las comunidades autónomas que este partido gobierna y que son las que tienen que acoger a los inmigrantes que lleguen, sino también de espaldas a la Unión Europea.

Dos cuestiones "colaterales": ¿alguien cree que un inmigrante que llegue para un período de tiempo concreto se volverá después a su país donde no tendrá trabajo ni futuro, exactamente igual que antes? ¿Alguien puede pensar que eso va a frenar la huida masiva de africanos hacia el paraíso europeo, huyendo de la miseria, de la guerra, de la persecución, de las violaciones, del miedo? El problema, además, no está solo en las pateras y en las costas, está también en las fronteras y en los aeropuertos. Nada se puede hacer en serio sin una política común europea y una acción concertada en los países de origen para su desarrollo y para luchar contra las mafias.

En septiembre, volveremos a un Poder Judicial dominado y domeñado por la política, un presidente marcado por los casos de corrupción en su Gobierno -lo último, los ceses en Transportes y en ADIF- y por las acusaciones crecientes contra su esposa en los tribunales. Sean o no delito, son un escándalo. También volveremos a una economía con buenos datos macroeconómicos pero con una pobreza creciente y una mayor desigualdad. Y muchos problemas pendientes: la vivienda, la fiscalidad, las pensiones, el desempleo juvenil...

Moncloa no puede garantizar nada. Volveremos, sobre todo, y eso es lo que impide la esperanza, a una escena política dominada por la falta de diálogo del Gobierno con la oposición y con las comunidades autónomas. También por la precariedad y la rapacidad de los apoyos que sostienen al Gobierno y por la pérdida de solidaridad, de cordialidad y empatía provocadas por el resentimiento, los insultos y el rencor que dominan la escena política. Algo que no deberíamos permitirnos porque es una enfermedad que afecta a los cimientos de la democracia y de la paz social. Alguien tiene que dar esperanza a los ciudadanos de que es posible cambiar esta deriva. Y eso sólo se puede hacer a través del diálogo abierto, la negociación y los pactos. A ver quién tiende la mano de verdad.