El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha informado este miércoles que el Ejecutivo central ya ha superado los 80 millones de euros de inversión directa en Castilla y León a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos, cuyos fondos están vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Sen ha señalado que el programa, que tiene como objetivo la rehabilitación de edificios de uso y titularidad públicos desde una visión integral de la rehabilitación y para todo tipo de edificios públicos, ha supuesto una inversión sólo en Valladolid capital de 21.167.9463 euros, de los que 12.850.135,88 euros corresponden al PIREP autonómico.

En este marco, el delegado ha informado que en las próximas semanas darán comienzo las obras del proyecto de rehabilitación del teatro Lope de Vega, que contará con una inversión directa del Gobierno de España de tres millones de euros dentro de la Línea 2 del PIREP local.

A Castilla y León se le han concedido más de 81,4 millones de euros para la ejecución de 83 proyectos. De esta suma, 57 millones corresponden a las líneas del PIREP local, y 24 millones a la línea del PIREP autonómico.

Sen ha puesto en valor unos fondos que han permitido hablar de crecimiento y recuperación económica, a través de inversiones públicas que van dirigidas a un horizonte verde, que lucha contra el cambio climático a través de la mejora de inmuebles públicos "que gracias a estos fondos ahora son susceptibles de ser rehabilitados como el teatro Lope de Vega, emblema de esta ciudad".

El programa para edificios públicos que se articula en PIREP local (con dos líneas ya resueltas) y PIREP autonómico, que permitirá la rehabilitación de ocho inmuebles en la capital, con actuaciones que contemplan la mejora de  envolventes y aislamiento térmico de cubiertas o fachadas, la implantación de sistemas que permitan la utilización y generación de energía de origen renovable en la propia infraestructura, la instalación de estaciones de carga de vehículos eléctricos, la mejora de su accesibilidad a través de la instalación de rampas o la ampliación de cabinas de ascensor, la mejora de la calidad del aire interior, la protección frente al ruido o la sustitución del amianto por otros materiales, entre otras.

"Estamos ante una apuesta del Gobierno de España por el desarrollo sostenible, la eficiencia energética y la preservación del patrimonio histórico, cultura y arquitectónico que sólo en la ciudad de Valladolid permitirá la recuperación de ocho inmuebles públicos y su puesta a disposición de la sociedad", ha indicado Sen.

Por último, el delegado ha señalado que, a 24 ayuntamientos, beneficiarios de la línea 1 del PIREP local, se les ha concedido una ampliación del plazo para la ejecución de las subvenciones de la Línea 1, que concluye el 30 de septiembre, a la par que ha incidido en que, si bien la financiación corre a cuenta del Gobierno, son las entidades locales o autonómicas las responsables de ejecutar en forma y plazo la ayuda concedida.

Objetivos del PIREP

La Comisión Europea ha fijado como requisito indispensable para los programas de rehabilitación que se asegure una reducción del 30% del consumo de energía primaria no renovable. La apuesta ambiciosa de este Programa es conseguir, además, que las actuaciones tengan un carácter integral y sean ejemplarizantes desde el punto de vista de la calidad arquitectónica. El objetivo es realzar el papel ejemplarizante que debe ejercer la administración pública, tanto en el cumplimiento de obligación de renovación energética del parque público edificado como en la calidad de las actuaciones que se lleven a cabo con la financiación que ofrece el PRTR.

Su objetivo más ambicioso es la renovación del parque de edificios públicos hasta lograr un parque de edificios de calidad, de alta eficiencia energética y descarbonizado, para 2050, en línea con los objetivos que persigue Europa en la lucha contra el cambio climático. La obligación de renovación energética del parque ya existe en el ámbito de la administración general del Estado, ya que el artículo 5 de la Directiva 2012 de eficiencia energética establece la obligación de que la administración central renueve energéticamente y de forma anual, un 3% de su parque público.