La lucha contra los incendios forestales en un año especialmente dramático para la Comunidad en el que ardieron 45.262 hectáreas arboladas, lo que equivale a la superficie de los últimos diez años juntos, también fue en 2022 objetivo prioritario para Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) en Castilla y León. Al menos así se desprende de su balance de datos, dado que cerró el ejercicio con 39 detenidos o investigados por este delito, la cifra más alta de los últimos años.
Tras los incendios, los delitos de caza se situaron en segundo lugar con 35 detenidos, mientras que el maltrato animal, que en los últimos años venía liderando el ránking de infracciones, se situó en tercer lugar con 32 investigados, a los que hay que sumar 19 por abandono de animales domésticos. En total, estos agentes de la Guardia Civil detuvieron o investigaron en la Comunidad a 347 personas el pasado año.

El jefe de la Unidad de Protección de la Naturaleza de la Zona de la Guardia Civil de Castilla y León, el comandante Juan Manuel Vicente Martín, confirma a Ical que entre los detenidos no hay ninguna persona que responda al patrón de conducta del pirómano, una persona con tendencia patológica o enfermiza y que disfruta con el daño que éstos causan, a la vez que explica que las personas investigadas o detenidas por causar incendios forestales, lo han sido como consecuencia de alguna negligencia o imprudencia en el uso del fuego. Siendo los casos más habituales que el fuego se extienda sin control como consecuencia de una quema de rastrojos o pastos, por el uso inadecuado de maquinaria agrícola o herramientas como soldaduras o radiales. No obstante, Vicente Martín apunta que también se provocan incendios con fines cinegéticos, para limpiar una parte del monte, o simplemente por «venganzas».

En cuanto al maltrato animal, la mayoría de los casos estuvieron relacionados con malas prácticas en explotaciones ganaderas, especialmente en el caso de ovino. El caso más habitual es la posesión de un animal doméstico al que se tiene atado o encerrado, y al que no se le atiende.

Los incendios forestales lideran los delitos medioambientales - Foto: FS ICAL

Desde la reforma del código penal de 2015, para el maltrato animal se establecen penas de cárcel de entre tres meses hasta un año y un día, y en el caso de la muerte del animal de hasta 18 meses. Las penas se agravan en el caso de que en el maltrato se utilizaran armas, en los casos de ensañamiento, cuando se cause la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal o cuando los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad.

Después de los incendios, la caza y el maltrato animal, el mayor número de investigados lo concentran los delitos contra la protección de la flora y la fauna (33), los urbanísticos (24) y los de defraudación de aguas (23). No obstante, además de la vigilancia del medio natural, el Seprona también tiene otras competencias relacionadas con la seguridad alimentaria, el control de semillas certificadas y en los últimos meses ha desarrollado una campaña de vigilancia sobre el gas que utilizan los talleres mecánicos para recargar los compresores de aire acondicionado de los vehículos.

Por provincias,  Ávila se situó en cabeza con 107 detenidos o investigados, por delante de Burgos, con 40, y de  Zamora y Salamanca, ambas con 35. En el extremo opuesto se situó Segovia, con 14 , seguida de León (25), Palencia y Valladolid, ambas con 29 y Soria (33).

Aliados.

Por otra parte, el comandante Vicente Martín también destaca que de un tiempo a esta parte la colaboración ciudadana se ha convirtiendo en un gran aliado para perseguir buen parte de los delitos medioambientales. Así, apunta que esta mayor sensibilización se está traduciendo en un incremento de denuncias y también de avisos privados que sirven para poner en marcha investigaciones. «Nosotros esclarecemos muchos delitos e infracciones gracias a la colaboración ciudadana, sin su ayuda, en muchos casos este tipo de conductas quedarían impunes», añade el responsable del Seprona.

A su vez, también pone en valor el trabajo de colectivos animalistas y conservacionistas, que colaboran activamente en las denuncias de infracciones, así como en la personación en algunas causas judiciales, lo que muchos casos facilita la labor policial.