Un centenar de beneficiarios copa casi la mitad de las ayudas que se reciben en Valladolid a través de la PAC, siglas de Política Agraria Común (la única que comparten por completo los 27 estados miembros de la Unión Europea), fundamental para asegurar rentabilidad al campo, estabilidad en los ingresos e inversiones. Son 100 instituciones públicas, empresas, organizaciones profesionales y trabajadores del campo a título individual que representan apenas un 1% del conjunto de perceptores de la provincia pero, tras aplicar las preceptivas variables de reparto fijadas, como el volumen de actividad y la superficie productiva que ostentan (o número de animales en el caso de explotaciones ganaderas), obtuvieron casi 90 millones de euros (89.748.783,86) del montante global de 2023, según los últimos datos publicados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), que actúa como 'pagador nacional' y coordinador del programa para el reparto a través de las 17 administraciones autonómicas. 

Entretanto, según las cifras de dicho ejercicio publicadas por la Junta, ese montante global rondó los 191 millones (190.699.108,65) para un total de 8.383 perceptores, de tal modo que los 100 primeros, siendo exactamente el 1,19% con derecho reconocido y efectivo a cofinanciación, concentraron el 47,06% del presupuesto de este territorio.

En lo más alto están precisamente la propia Junta (32.773.954,52 euros percibidos en 2023) y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (25.347.769,13), dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y además de forma muy destacada. De hecho, entre ambas instituciones suman más de 58 millones (58.121.723,65), el 30,47% de los 190 atribuidos a la provincia, dado que tienen su sede en Valladolid; y si éstas no se computaran en el ranking de los 100 primeros perceptores, excluyendo así las únicas administraciones públicas que aparecen, ese 1% escaso de perceptores, en lugar de concentrar el 47,06% del montante global, se reduciría a poco más del 16% (16,73%). Un porcentaje también muy relevante, pero menos de la mitad de abultado.

Un 1% de perceptores de la PAC copa casi la mitad de ayudas

De hecho, el tercer beneficiario más importante por cuantía percibida, y que sin la Junta y el Itacyl pasaría a ser por tanto el primero, es Helios y se quedó en 1,4 millones (1.476.003,23); nada que ver como los más de 32 y de 25 millones de las dos instituciones reseñadas. Asimismo, la cuantía media percibida por los 100 primeros ascendía a 897.487 euros en 2023, o a 319.085 sin contar a la Junta y el Itacyl; mientras esta misma cuenta, computando el total de 8.383 destinatarios de Valladolid, rebaja la media de este ejercicio a 22.748 euros; un importe que, por otro lado, no deja de ser muy superior al de ejercicios precedentes. La serie estadística publicada por la Junta se remonta concretamente a 2007 y el récord de cuantía media por perceptor permanecía en 20.357 euros desde 2018; y la mínima, en 10.560 desde 2007.

Claro que el montante repartido en 2023 (190.699.108,65) también ha sido el más alto hasta la fecha, desbancando a 2018 (186.222.172,14), mientras la cifra de beneficiarios ha ido a menos. En 2023 se marcó un nuevo mínimo y la tendencia sigue siendo descendente, con previsión de que, en 2024, la cuantía a distribuir haya bajado a 185 millones y los beneficiarios a 8.146; aunque la media sí que subiría aún hasta 22.757 euros, según datos de la Junta (el FEGA no ha publicado todavía los datos definitivos del año pasado).

Una política de ayudas fundamental para el sector agrario

Un 1% de perceptores de la PAC copa casi la mitad de ayudas

Para Óscar Rojo, responsable del departamento agrario de CajaRural de Zamora, de notable implantación en Valladolid, la PAC «favorece el mantenimiento de la actividad agraria en particular, pero también del sistema agroalimentario en su conjunto», con lo que eso supone «para los consumidores y la sociedad en general».

En cuanto al sistema de reparto, Europa concede un presupuesto anual destinado a cada país, que a su vez decide cómo lo distribuye. «En el caso de España, según sectores y comunidades autónomas», reseña Rojo, «mediante el pago de ayudas directas a los agricultores y ganaderos que presentan la solicitud única». Un apoyo que considera fundamental para el campo vallisoletano, ya que «con estas medidas no sólo se garantiza el apoyo económico a las explotaciones, sino también la viabilidad de la actividad rural en zonas con desafíos específicos», al contribuir, entre otras cuestiones, a la «fijación de población y generación de empleo en el medio rural». Y obviamente, por regla general, con las ayudas más altas destinadas a quienes ostentan las explotaciones con más actividad y superficie.