El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el procedimiento de audiencia e información pública del proyecto de real decreto por el que se realizan ciertos ajustes en la aplicación de las intervenciones sectoriales y otros aspectos del ejercicio de la actividad agraria y de la gestión en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) para el periodo 2023-2027, aprobado por la Comisión Europea el 31 de agosto de 2022. En concreto, se modifican varios reales decretos relativos al uso sostenible de los productos fitosanitarios, organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas (OPFH), fondos y programas operativos de OPFH, intervenciones sectoriales vitivinícola y apícola, nutrición sostenible de los suelos agrarios y sobre aspectos de las penalizaciones de las intervenciones recogidas en el PEPAC.
La modificación de este paquete normativo, aprobado a finales de 2022, constituye un conjunto de cambios técnicos y precisiones que van a facilitar su aplicación, sin que suponga una alteración del enfoque del Plan Estratégico o de sus intervenciones, sino pequeñas adaptaciones fruto de la experiencia adquirida en el primer año de aplicación, según explican desde el Ministerio.
En el caso de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas se ha demostrado la necesidad de reducir el valor mínimo de la producción comercializable para una determinada categoría y la conveniencia de introducir ciertos ajustes técnicos en la regulación de los fondos y programas operativos relativos, entre otros, a las definiciones o las notificaciones a la autoridad competente.
Agricultura saca a consulta pública los ajustes de la PACCon respecto a la Intervención Sectorial Vitivinícola, se incorporan ciertas flexibilidades con el objetivo de ofrecer una gestión administrativa de las intervenciones más fácil a las comunidades autónomas, al retrasar hasta el 1 de octubre la fecha en que tienen que remitir la información relativa a los criterios de prioridad, la forma de pago, contribuciones en especie, baremos estándar o los límites máximos. Y por lo que se refiere a la Intervención Sectorial Apícola, las modificaciones van dirigidas a mejorar y simplificar la implementación de las medidas y los procedimientos administrativos que las desarrollan. En particular, se han ajustado fechas y plazos a los períodos de comunicación de indicadores del marco de rendimiento, se han clarificado los plazos de realización de actividades subvencionables, se ha establecido una pauta de financiación que garantice el cumplimiento del plan financiero de esta intervención y se han armonizado determinados aspectos de control.
Por otro lado, las modificaciones en los reales decretos relativos al uso sostenible de productos fitosanitarios y sobre la nutrición sostenible en los suelos agrarios se refieren, principalmente, a ampliar las posibilidades para que las comunidades autónomas flexibilicen, cuando sea necesario, los periodos de prohibición para la fertilización nitrogenada. Así mismo, la propuesta aclara que los pastos en los que no se aplica fertilización están exentos de la elaboración del plan de abonado. También se favorece la utilización de los estiércoles, promoviendo la economía circular, al flexibilizarse las condiciones del apilado en los recintos, sin comprometerse los objetivos de prevención y reducción de la contaminación atmosférica por la emisión de gases. Los cambios introducidos buscan además la coherencia con las obligaciones y los plazos para la entrada en vigor del cuaderno digital, facilitando la incorporación del plan de abonado y su control automatizado.
En relación con las modificaciones que afectan a la gestión del PEPAC, se clarifican algunos conceptos que afectan a la determinación de las penalizaciones de las ayudas directas, en particular las relacionadas con los eco-regímenes, que comenzarán a aplicarse en la campaña 2024. También se mejora y aclara algún aspecto del sistema de aplicación de las penalizaciones en las intervenciones sectoriales, como es el caso del sector vitivinícola.
Demandas de las organizaciones agrarias.
Prácticamente al mismo tiempo que el Ministerio hacía público el trámite de audiencia, las organizaciones agrarias pedían flexibilidad en la aplicación de la PAC. La Alianza UPA-COAG reclamó la semana pasada al Ministerio que escuche sus peticiones para prorrogar y mejorar «determinadas medidas de flexibilización» de la PAC ya que las exigencias son «muy difíciles de cumplir». La Alianza apela a un contexto «especialmente complejo» motivado por una «enorme incertidumbre climatológica y de inestabilidad en los mercados internacionales» y por unos «altísimos costes de producción», trabas que están asumiendo especialmente los profesionales de explotaciones familiares, generalmente las de menor tamaño.
Entre los «puntos clave» de la flexibilización de la PAC 2024 reclaman «medidas excepcionales» que afectan a aspectos fundamentales como la condicionalidad y piden que en la rotación de tierras de cultivo se exceptúe para el año 2024 la obligatoriedad de rotar todas las parcelas de la explotación al menos tras tres años. Asimismo, piden que se permita la realización de tratamientos agrarios (fitosanitarios, fertilizaciones, y cualquier tipo de enmiendas) en los barbechos durante los meses de abril, mayo y junio y que se permita la realización de labores superficiales en los cultivos herbáceos tras la recolección del grano antes del 1 de septiembre. «Hasta ahora se ha permitido la labor superficial si se ha segado para forraje, pero no si se había cosechado para grano», recuerdan.
Respecto a los eco-regímenes y la rotación de cultivos con especies mejorantes, apelan a la escasez de semilla de leguminosas para proponer la eliminación de la obligatoriedad de sembrar como mínimo el 5% con estas especies y que se mantenga sólo el requisito de sembrar mínimo el 10% de especies mejorantes. Asimismo, abogan por reducir el porcentaje mínimo obligatorio de superficie rotada, del 50% al 25%, medida que ya se adoptó en 2023; y por aumentar el porcentaje máximo de barbecho permitido del 20% al 40%, como se ha permitido durante la campaña 2022/2023.
En el caso de pastoreo extensivo piden que la disminución de la carga ganadera sea de 0,2 a 0,1 UGM por hectárea en pastos mediterráneos y de 0,4 a 0,2 en pastos húmedos. En el caso de la siembra directa, la Alianza solicita que se permita la realización de una labor superficial del terreno antes de la siembra. «En 2023 lo han permitido por ser el primer año de la nueva aplicación de la PAC, pero es imprescindible que se mantenga en la campaña 2024», insisten desde UPA y COAG, que reclaman también que se elimine la obligatoriedad de rotación con respecto al año anterior de las parcelas marcadas para este eco-régimen de siembra directa. Finalmente, en materia de admisibilidad de pastos aconsejan que haya una revisión al alza de este concepto, «dado que se vio muy reducida en determinadas zonas en este 2023».