Ni la notable ampliación presupuestaria destinada por la Consejería de Familia de la Junta ni los últimos refuerzos implementados, aparte de los que están por venir, están impidiendo todavía que la escalada de incidentes continúe en el centro Zambrana, donde cumplen medidas judiciales jóvenes de entre 14 y 21 años. El último suceso de gravedad tuvo lugar el pasado domingo cuando, según la información a la que ha tenido acceso El Día de Valladolid, una educadora sufrió una fractura en una muñeca, en concreto del hueso escafoides, al verse envuelta en una pelea entre internos. Los "golpes y puñetazos" no iban dirigidos a la trabajadora, a diferencia de otras agresiones recientes, pero "se llevó varios" y uno le causó la lesión.

Fue entre las 10.30 y las 11 de la mañana cuando se desató el conflicto en una unidad donde había "seis o siete internos", según las fuentes consultadas. "Varios" de ellos fueron a por uno en concreto, por circunstancias que no han trascendido, y quien resultó peor parada fue la educadora. Dos jóvenes han sido separados de su grupo por unos días como medida disciplinaria, al ser considerados responsables directos de la agresión; y la herida, una veterana del servicio, en su casa de baja. Una más. En marzo superaban la docena tras sumarse durante ese mes al menos una baja psicológica de una educadora, que recibió una patada en una rodilla, y una baja física de otra por problemas en la espalda también por golpes. Más dificultades para mantener cubierta una plantilla que también coincide que durante el mes pasado vio marcharse a cuatro compañeros.

En la unidad donde tuvo lugar el conflicto del pasado domingo no había vigilantes de seguridad cuando se inició, aunque acudieron en cuanto los educadores pulsaron el 'antipánico' que llevan en sus pulseras. Un sistema que no siempre funciona con la eficiencia deseable, según viene denunciando UGT. El sindicato no se ha pronunciado sobre este último suceso, pero tuvo lugar precisamente en una de las zonas donde viene apuntando que resulta más difícil atender las alertas a tiempo, ya que coincide que hay dos unidades en ese mismo piso, comunicadas por un hall, y cuando se activa el 'antipánico', los vigilantes reciben el aviso de un posible altercado localizado en dicho piso, pero sin saber de antemano en cuál de las dos unidades concretamente. Así puede decirse que tienen un 50% de posibilidades de acertar a la primera.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en la sesión del Pleno de las Cortes de Castilla y León celebrada el martes. - Foto: Ical

Nuevas medidas para reforzar el servicio

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco, entretanto, anunciaba el martes en las Cortes la incorporación de un sistema de cobertura urgente de ausencias no comunicadas o retén, formado por 16 profesionales "cuyos contratos se formalizarán la próxima semana", por parte de la empresa adjudicataria de la gestión del Zambrana, Meridianos.

Tal y como informó la Agencia Ical, se trata de una de las medidas que la consejera explicó que se han decidido adoptar para "mejorar las condiciones de los usuarios y trabajadores" del centro de menores vallisoletano, al que también se incorporarán seis profesionales como técnicos auxiliares de control educativo, cuyo proceso de formación concluirá en unas dos semanas.

Blanco, que intervenía otra vez en las Cortes con motivo de una nueva pregunta parlamentaria sobre el Zambrana planteada por el Grupo Socialista, también recordó que el nuevo pliego de la empresa adjudicataria incrementaba el personal de 56 a 84 trabajadores, y que ya el pasado 25 de marzo (en otra comparecencia en el mismo foro) anunció la implementación de la grabación de audio y vídeo "como medida disuasoria" dentro del circuito de seguridad del centro, así como la mejora del contrato de seguridad, para que esté operativo en la primera quincena de junio con un incremento del presupuesto.

En todo caso, Blanco aseguró que el centro sigue funcionando con "normalidad" y que actualmente cuenta con 57 menores, de los cuales 15 se encuentran en régimen cerrado y el resto en semiabierto, por lo que "salen, participan en actividades, van a clase e incluso se van los fines de semana".

Sin embargo, esta explicación no satisfizo al procurador socialista Pedro González Reglero, que preguntó en varias ocasiones a la consejera, en el pleno de las Cortes, si considera "normalidad" que "ninguna de las medidas aplicadas han mejorado las condiciones" de los trabajadores del centro, que "dicen que hay que invertir más en personal y menos en medios técnicos". Asimismo, cuestionó si es "normalidad" que estén elaborando un listado de incidentes hasta el 31 de marzo en el que "va a haber sorpresas", o que se "bordee la ley orgánica de libertad sindical, no se cubran bajas ni salidas al médico, un número importante de trabajadores se haya ido o que la Inspección de Trabajo haya sancionado a la empresa adjudicataria por no presentar en tiempo el calendario laboral".

González Reguero también denunció que "el número de profesionales de baja es muy preocupante, hay agresiones verbales todos los días y la empresa, como no encuentra a nadie del entorno más próximo, desplaza a trabajadores de Extremadura para trabajar en el Zambrana, que se vuelven a ir". "¿Esto es calidad en el servicio y normalidad?", se preguntó: "Hagan algo antes de que suceda algo como lo ocurrido en Badajoz", concluyó.

"Información sesgada" de la empresa a la Junta, según UGT

Desde UGT, entretanto, volvían a afirmar a El Día de Valladolid, tras escuchar las últimas declaraciones de la consejera, que la empresa "tiene que estar dándole información sesgada sobre el funcionamiento del centro", al tiempo que advirtieron de que "buena parte" del presupuesto que le destina la Junta (con la contrata anterior era de 3,8 millones por año pero con la actual ya se ha elevado a 4,5) se está empleando en costear desplazamientos de trabajadores "desde otros centros de Extremadura e incluso de Andalucía". "Vienen, están dos días y se van", resumen, por lo que consideran que "de esa forma es imposible garantizar un mínimo de calidad en el servicio, ya que ni les da tiempo a conocer a los internos ni el funcionamiento específico de este centro, además del desgaste que acumulan por los viajes".