Un año después de las primeras detenciones por el caso Koldo, y en vísperas de que este esta semana los principales investigados en la causa -el exministro de Transportes José Luis Ábalos el jueves y su exasesor Koldo García hoy- vuelvan al Supremo para declarar ante el juez instructor Leopoldo Puente, la trama volvió a copar ayer el foco de la mano del PP, para el que aunque el PSOE lleva 12 meses «negándolo todo, cada día aparecen nuevas pruebas que desmontan sus coartadas y mentiras».
«Quiero comenzar lanzando un mensaje deseando a los socialistas un feliz cumpleaños. Lo digo porque esta semana se cumple un año de las detenciones que han dado lugar al caso Sánchez y que, a lo largo de 12 meses, nos ha ido dando noticias desagradables», afirmó el portavoz nacional de los populares, Borja Sémper, en una rueda de prensa en Génova, tras la reunión del comité de dirección que presidió Alberto Núñez Feijóo.
Sémper recalcó que han confirmado que «el mayor bulo» que han «escuchado en lo que va de siglo es la lucha contra la corrupción que prometió el hoy presidente del Gobierno en una moción de censura que defendió» en 2018 el exsecretario de Organización del PSOE.
En este punto, subrayó que el que fuera número tres de los socialistas está citado como imputado este jueves en el Alto Tribunal por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Además, afirmó que al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, «se le está poniendo cara de Ábalos», ya que, según destacó, en contra de lo que aseguró «sí estaba en Madrid el fin de semana» en el que el presunto comisionista de la trama Víctor de Aldama «le sitúa en un apartamento de lujo con señoritas pagado por el empresario».
Según Sémper, hoy Sánchez está «más preocupado y acorralado que hace un año», recordando que hay 16 imputados «cercanos al Ejecutivo y a su presidente». «Ha empezado, por lo tanto, la cuenta atrás. Las investigaciones policiales y judiciales les tienen pillados por todos lados», enfatizó.
En este punto, el dirigente del PP aseguró que un año después saben que Koldo García «fue el primero, pero que el número uno para la trama es el presidente del Gobierno». «Todos los caminos de corrupción llevan a Pedro Sánchez y lo que empezó en una marisquería donde se cerraban contratos públicos va a acabar en la sede de la Presidencia del Gobierno. Se ha usado la Moncloa como agencia de colocación para familiares, amigos y conocidos. Y eso tiene un nombre: corrupción», sentenció.
Begoña Gómez
Sémper aludió también a la esposa del jefe del Ejecutivo, aseverando que, desde su punto de vista, ha «aprovechado su condición para hacer negocios». Además, apuntó que en Génova creen que al hermano del presidente le dieron «una plaza pública que ni siquiera sabe dónde está». Y mientras, prosiguió, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «sigue en su puesto pese a acumular más y más escándalos».
De hecho, para el también vicesecretario de Cultura del PP, el inquilino de la Moncloa «quiere aprobar cuanto antes la ley Begoña porque sabe que los casos de corrupción acabarán con su mandato» y «controlar a los jueces y colocar a sus afines para que salven a su entorno, a su mujer, a su hermano, al ministro 23 y a todos los que puedan acabar igual que su exnúmero dos para todo».
A su entender, lo que se busca es «blindar su impunidad». «Lo que está intentando hacer Sánchez es normalizar y naturalizar la corrupción cuando viene de su entorno o de su partido político», zanjó.