Hace apenas una semana, la Policía Municipal tuvo que detener a cuatro personas en una misma noche por su participación en tres agresiones a sus parejas en Valladolid. Dos de ellas eran varones que se estaban golpeando mutuamente, otro había empujado a su pareja, una mujer, hasta hacerla caer en presencial del hijo de ambos, y el tercero fue arrestado tras observar los policías que su pareja, también mujer, tenía heridas en el cuello. Y todo en menos de una hora.
No se trata de una anécdota. El goteo de casos de violencia machista es constante. Una repetición que lleva implícito el peligro de llegar a normalizar un problema que no consiguen atajar ni las campañas de concienciación ni las medidas policiales y judiciales.

El último año ha sido especialmente complicado, tal y como revelan los datos del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), que ha superado por primera vez los 800 casos activos en Valladolid desde que se pusiera en marcha en el año 2007. Concretamente, a finales del mes pasado había 808 después de un alarmante incremento del 22% en el último año. Se entiende como caso activo aquel que es objeto de seguimiento policial,y se clasifican en función del riesgo que se observa para la víctima.

De los 808 casos actuales, 384 están catalogados como 'riesgo no apreciable', otros 355 como riesgo 'bajo', 64 con riesgo 'medio' y cinco con riesgo 'alto'. Esta clasificación también determina qué nivel de protección recibe cada mujer. Además, hay que tener en cuenta que hay otros 7.651 casos que permanecen inactivos, pero que pueden volver a activarse en cualquier momento. Valladolid nunca había tenido un volumen tan grande de casos en este sistema. Además, en diez de ellos la víctima es una menor de edad, y en otros 22, mayor de 65.

Por otro lado, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Valladolid recibió en el primer semestre de este año 659 denuncias, lo que representa una media de algo más de 25 a la semana. La evolución es buena si se tiene en cuenta que hace diez años, en 2014, la media semanal era casi de 40, pero lo cierto es que ese descenso se produjo, sobre todo, entre 2014 y 2019. Desde entonces el volumen de denuncias ha frenado esa tendencia descendente.

Hay otros datos que demuestran que sería un error caer en triunfalismos. Por ejemplo, los 155 atestados de la Policía Municipal en 2023, un 16% más que el año anterior. O los 120 casos nuevos que llegan cada año a la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Adavasymt), más de dos a la semana, con un especial repunte de las agresiones sexuales a mujeres jóvenes. Las responsables de las asociación pidieron a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que visitó su sede esta semana con motivo de su 30 aniversario, la creación de una beca de investigación contra la violencia de género, ya que «no existen estudios científicos serios» sobre este tema y «es importante saber por qué ocurren estos hechos».

De los 670 delitos ingresados en el Juzgado en el primer trimestre hay que tres que se repiten con mucha más frecuencia que los demás. El primero, con 344 casos, es el de malos tratos recogido en el artículo 153 del Código Penal, que castiga «el menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las recogidas en el artículo 147». También los malos tratos que no hayan causado lesión «cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor». En estos casos, la pena a aplicar es de seis meses a un año de cárcel o trabajos en beneficio de la comunidad.

El segundo delito más frecuente es el recogido en el artículo 173 del Código Penal, que castiga el ejercicio de la violencia física o psíquica de forma habitual. En este caso, la pena va de seis meses a tres años de cárcel. En el primer semestre se registraron 107 casos en el Juzgado. El tercer supuesto más frecuente es el de quebrantamiento de medidas de protección a la víctima. Por ejemplo, una orden de alejamiento. Entre enero y junio, 73 casos.

La estadística también dice que en más de la mitad de los casos los denunciados son exparejas de las víctimas, ya estuvieran casados o no. Otro dato curioso del CGPJ referido al primer semestre es que Valladolid ha sido la única provincia de España en la que no se enjuició a ningún extranjero por este tipo de delitos. Los 43 juzgados fueron españoles, con 28 condenas y 15 absoluciones.

Pese al estancamiento del descenso de casos en el Juzgado, sindicatos policiales y de la Guardia Civil siguen denunciando los escasos medios con los que cuentan. Poco más de 30 agentes entre las tres unidades especializadas: la UFAM (Unidad de atención a la Familia y la Mujer) en la Policía y, en la Guardia Civil, el Emume (Equipo Mujer-Menor) y los equipos VioGén.