Las comunidades autónomas han recibido divididas, entre el rechazo frontal de las del PP y el llamamiento a la responsabilidad de las del PSOE, el plan de ahorro energético que este lunes han analizado con el Gobierno, al que en general han demandado acuerdo y flexibilidad en su aplicación.
En la reunión de más de tres horas entre representantes del Gobierno y responsables autonómicos de Energía, Industria y Comercio, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Murcia y Madrid, gobernadas por el PP, han pedido la retirada parcial del decreto de ahorro energético para poder "dialogar", aunque Madrid directamente ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad al entender que se ponen en cuestión competencias propias.
Como ha explicado el consejero andaluz de Industria y Energía, Jorge Paradela, lo que piden al Gobierno es "acordar el qué", pero que se deje "actuar a las comunidades autónomas en el cómo", en virtud de sus competencias autonómicas.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha insistido en que "lo más sensato y lo más eficaz" para cerrar este debate sería una Conferencia de Presidentes a la que se llegue con un texto consensuado con las comunidades autónomas "operativo y eficaz", mientras desde la Castilla y León se ha incidido en la otra idea fuerza del PP en este tema: apostar por los "incentivos" en lugar de por las "sanciones" que prevé la normativa.
A su vez, el Govern catalán ha calificado la reunión como "una pérdida de tiempo", ya que no se ha resuelto ninguna de las dudas generadas ni se han tenido en cuenta las críticas ni las opiniones que han surgido.
Más optimista, el Gobierno Vasco ha expresado su "voluntad máxima" de cumplir con el ahorro energético, aunque sin dejar de reclamar al Ejecutivo central "flexibilidad" y que exista la opción de trabajar de manera conjunta para lograr medidas "consensuadas" y "acordadas".
Flexibilidad "en la medida de lo posible" en la aplicación del decreto han pedido también algunos gobiernos autonómicos socialistas, como el aragonés, que ha trasladado a la reunión la demanda que le ha formulado en este sentido el sector industrial y comercial de la región.
Por su parte, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, se ha mostrado ha favor de las medidas de ahorro energético, pero ha pedido que queden claras las condiciones que plantea el Gobierno de España para la aplicación del decreto ley que las recoge.
A favor sin matices del plan del Gobierno se ha mostrado el presidente valenciano, Ximo Puig, que ha definido las medidas del Gobierno como "de sentido común", o la Junta de Extremadura, que las considera "equilibradas y sensatas".
Asturias ha dejado claro que asume el plan de ahorro energético "como gobierno solidario" que es; La Rioja ha mostrado su respaldo "por responsabilidad" en el contexto actual; y Navarra ha expresado su "apoyo expreso".
Desde Cantabria se han solicitado medidas de corrección y ayudas económicas para adaptar el real decreto de medidas de ahorro energético a la situación de la región.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha subrayado la disposición de las entidades locales a cooperar con las comunidades y el Gobierno para llevar adelante el plan de ahorro y eficiencia energética, que su presidente, y alcalde socialista de Vigo, ha tildado de "conveniente" y "sólido".