El caso Asaja o, como lo denominó la Policía Nacional, la Operación Cebada, tiene su origen en 1990, cuando Lino Rodríguez llega a la presidencia de la organización agraria, y se extiende hasta 2015 cuando el ya extesorero –dicen que fue despedido por ‘preguntón’– tiró de la manta. Fueron necesarios dos años de investigaciones policiales y judiciales para desentrañar una presunta trama de corruptelas del principal acusado de un juicio que la Audiencia de Valladolid dejó este jueves visto para sentencia y en el que hay sobre la mesa una petición de pena para el exdirigente agrario de trece años y medio de cárcel.
La Fiscalía dejó claro que «Lino Rodríguez tuvo el control total de Asaja y sus sectoriales, incluida la contabilidad, e hizo y deshizo a su antojo en beneficio propio», con la supuesta colaboración de los otros tres acusados: su esposa, Ana de la Fuente, y los que fueran gerente y vicepresidente de la organización, Fernando Redondo y Gerardo Rico, respectivamente. Lino –como se le conocía en el mundillo sin citar ni siquiera su apellido– está acusado de un delito continuado de administración desleal, otro continuado de falsedad documental en concurso medial con otro continuado de apropiación indebida y un delito de falsedad en documento mercantil, una actividad delictiva que, según el acusador, se vio facilitada desde su cargo de presidente de Asaja Valladolid después de que se ganase la confianza de los socios y manejar a su libre albedrío, con disposición en beneficio propio, de las subvenciones públicas de las distintas empresas sectoriales que, vinculadas a Asaja, fue creando a lo largo de los años. Todo, a través de un laberinto de movimientos de dinero entre unas y otras «con el único propósito de esconder el origen del mismo», según expuso el fiscal en declaraciones recogidas por Europa Press, quien aseguró no tener ninguna duda de que todo estaba bajo el control de un Lino que ocupaba también cargos en las sectoriales, sin que el extesorero (lo fue de 1990 a 2013) y denunciante de la trama, Alberto Cano, manejara las cuentas.
Hasta tal punto que en el juicio se ha relatado que dejaba en la sede de Asaja una chequera firmada y no planteaba problemas para los intereses de Lino «hasta que Cano empezó a preguntar por ciertas cuestiones y entonces el acusado le echó de la organización», afirmó el fiscal para fundamentar la tesis de que el líder agrario alcanzó el control de todas las cuentas «para hacer su santa voluntad».
Una «santa voluntad» que se plasma en el importante número de trasferencias ingresadas en la cuenta personal de Lino durante esos 15 años, así como los 80.000 euros presuntamente desviados de una sociedad a otra, o los más de 90.000 que, de otra de las ‘marcas’ de Asaja habrían llegado a una caja de seguridad que compartía con su esposa en Banco Popular y que se cree que pudieron ser utilizados por el matrimonio para comprar un solar por 60.000 en Peñafiel.
4.000 DE NÓMINA
Igual que cuando se hizo un contrato «secreto» a favor del expresidente, con una nómina de casi 4.000 euros, sin que se diera cuenta de ello a la junta directiva de la OPA: «Tras diez años al frente de Asaja decide ponerse un sueldo y a partir de entonces evita el control por parte de la asamblea general, que cuando se celebra tan solo aborda cuestiones generales», aseveró el fiscal en su informe final, recogido por Europa Press.
La acusación enumeró también algunos de los gastos personales que, presuntamente, Lino cargó a las ‘tarjetas black’ de las sociedades Derco y Remolacheros, ambas bajo el paraguas de Asaja y que controlaba a su absoluto antojo: la celebración del banquete de comunión de un hijo en La Parrilla de San Lorenzo por 1.850 euros; compras de ropa y calzado, joyería; gastos de ocio y por tratamientos dentales; muebles, azulejos, electrodomésticos y hasta en una tienda ‘sexshop’; y los viajes realizados a EuroDisney en 2002, a Milán en 2003 y a New York en 2004.
Viajes que Lino no recuerda, lo mismo que ninguno de los gastos a cuenta del sindicato. Es más, en su declaración, negó la mayor y dijo que todos aquellos movimientos de dinero y de las tarjetas eran para la propia Asaja. Una declaración tan exculpatoria como previsible y que no hizo modificar ni un ápice las tesis del fiscal y de los abogados que ejercen la acusación particular en representación de Asaja y de la sociedad Indycons.
Así, la primera imputa tan solo a Lino Rodríguez y su esposa por falsedad documental, delito societario continuado y estafa y solicita para cada uno de ellos cinco años de prisión, mientras que Indycons acusa a Lino Rodríguez y Gerardo Rico de apropiación indebida y falsedad e interesa para cada uno de ellos una condena de seis años. Las defensas de los cuatro exigen la libre absolución.