El proceso de revisión de las ayudas concedidas a autónomos a partir de 2020 por cese de actividad o reducción de al menos el 75% de los ingresos debido a la pandemia, por el confinamiento y las sucesivas restricciones, sigue dando que hablar. La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) ya cifraba el pasado septiembre en 166.357 las prestaciones concedidas sin que el cumplimiento de requisitos para recibirlas hubiera quedado suficientemente acreditado; 99.204 por reducción de la facturación y 67.153 por suspensión de la actividad. De ahí que entonces, por encomienda del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, informara de que iba a empezar entonces a comunicar a sus beneficiarios aperturas de trámites de audiencia para que pudieran avalar su derecho a percibirlas porque, de lo contrario, lo siguiente sería reclamarles los importes cobrados, tal y como viene ocurriendo ya de unos meses a esta parte. Asimismo, las mutuas estimaron a su vez que confirmarían como favorables y definitivas las resoluciones provisionales de 1.318.635 autónomos.
Dada la urgencia de la situación en 2020, el Gobierno decidió que para solicitar la prestación solo fuera necesario presentar una declaración responsable por parte del autónomo para avalar el cumplimiento de los requisitos exigidos, de tal modo que las concesiones se aprobaron sólo de manera provisional. El problema es que el Tribunal de Cuentas ya realizó un informe el año pasado en el que hablaba de casi 300.000 concesiones dudosas, y en septiembre llegó el comunicado de AMAT con el citado aviso de las comprobaciones de más de 166.000, con la complicación añadida para el beneficiario inicial de tener que repasar cuentas de hace cuatro años.
De la complejidad del proceso da fe que, desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 hasta el mismo mes de 2022, se pusieron en marcha hasta 19 modalidades distintas de prestación extraordinaria de cese de actividad o reducción de al menos el 75% de ingresos.
La prestación media abonada durante el periodo de vigencia se situó en 2.513 euros, según el Tribunal de Cuentas, mientras que el promedio por beneficiario del importe exonerado en concepto de cotizaciones sociales ascendió a 1.007 euros.
Sin datos concretos a nivel provincial, pero con gestorías "desbordadas"
A nivel provincial no facilitan datos ni AMAT ni el Ministerio, aunque, teniendo en cuenta que los primeros ya calcularon en septiembre de 2023 que las resoluciones dudosas afectaron a un 11,2% del total de beneficiarios iniciales a nivel nacional, y que los segundos detallaban a El Día en mayo que las órdenes de devolución se extendían a un 3,5% de estos, aplicando tales porcentajes, en Valladolid habría más de 3.500 autónomos inspeccionados sobre un total de algo más de 31.600 beneficiarios (31.619 se contabilizaban en marzo de 2022, cuando sólo había 34 pendientes de resolución), y más de 1.100 serían los que tendrían que devolver las ayudas. Aunque, más allá de cifras absolutamente estimativas, que además la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) no descarta que todavía aumenten, es un hecho que las gestorías aseguran haberse visto "desbordadas" por todos estos trámites, según señala a este periódico la delegada en Valladolid del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León, Beatriz Hernández del Campo.
"El trabajo se nos ha desbordado porque además este año adelantaron la campaña de la Renta, solapada con la del IVA, más Hacienda que ha dado el botón de inspeccionarlo todo… Nos estrangulan entre todos los organismos. Las mutuas están dando ciertas facilidades y entendemos que trabajan por encomienda de la Seguridad Social, pero la verdad es que estamos muy descontentos", expone Del Campo. En su gestoría, concretamente, cuenta que asumió el papeleo de acreditar el cumplimiento de requisitos por parte de una veintena de clientes autónomos que cobraron la prestación extraordinaria por cese de actividad, desde taxistas hasta profesores de academia.
"Una barbaridad" para ATA que haya autónomos "aún en la pelea" por ayudas de 2020
Desde ATA Castilla y León, mientras, su presidenta, la vallisoletana Leticia Mingueza, considera "una barbaridad que cuatro años más tarde se estén reclamando este tipo de ayudas". "La demora en las revisiones está generando muchos problemas. Hay que tener en cuenta que muchos autónomos se han jubilado en este periodo o ya no continúan con su actividad", advierte, "o que hay autónomos que no pueden justificar esa caída de ingresos, ¿cómo la justifica por ejemplo un taxista que tributaba por módulos y no por estimación directa?", cuestiona.
"Nos pidieron cerrar nuestro negocio y dejar de trabajar sin recibir ingresos y ahora, cuatro años más tarde, nos piden devolver estas ayudas que solicitamos cuando las necesitábamos. Sí, las necesitábamos", insiste. "Desde ATA ya hemos asesorado a algunos autónomos que, preocupados, se han puesto en contacto con nuestras sedes. Muchos de ellos con todo el derecho a cobrar esa ayuda y que no han tenido que devolverla, mientras otros aún están en la pelea", continúa. Recuerda además que en su organización siguen "esperando conocer la cifra exacta de las reclamaciones que se han realizado, pero lo que es seguro es que, cuatro años después, no hay derecho a vivir en esta incertidumbre", sentencia.