El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha pedido este martes "respeto" a la sociedad y administraciones por las reglas de funcionamiento de la Iglesia y ha afirmado que el Gobierno tiene una mirada "sesgada". Sus declaraciones han tenido lugar tras aprobar el 'Plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho' (PRIVA).

"La Conferencia Episcopal de la Iglesia en España tiene sus reglas de funcionamiento para las que pedimos respeto por parte de toda la sociedad y las administraciones" ha asegurado Argüello en la Asamblea Plenaria extraordinaria que ha celebrado la CEE para votar el PRIVA.

En este sentido, ha señalado que la CEE no firma "ahora" un decreto que obligue a todas las diócesis, a las 400 congregaciones religiosas, sino que se dotan de unos criterios de comunión "para que las personas que puedan pensar que necesitan ser reparadas, que tienen derecho a esta reparación, puedan acudir en primer lugar a cada diócesis, a cada congregación religiosa".

En la misma línea, el presidente de la CEE ha recalcado que la Iglesia lo que ha aprobado "no ha sido para responder a ningún reproche del gobierno", sino "para responder a las víctimas". "De hecho, nuestro trabajo viene realizándose antes de que hubiera ninguna iniciativa por parte del gobierno. Nosotros, como ya sabe bien el ministro de la Presidencia, estamos siempre dispuestos a una leal colaboración desde el respeto a lo que significa la Iglesia, sus instituciones, su marco jurídico reconocido por el Estado español y al mismo tiempo con un deseo de leal colaboración enlo que corresponde a las responsabilidades propias de cada cual", ha precisado.

Asimismo, el presidente de la CEE ha dicho que el Gobierno "debe de respetar las reglas del juego". "Y las reglas del juego es que una institución tiene derecho y al mismo tiempo deber de organizarse y por tanto de responder a lo que consideran son sus obligaciones", ha apuntado.

Además, ha añadido que el Gobierno "tiene responsabilidad sobre todas las víctimas de abusos que se producen en el territorio del Estado". "Entonces, una mirada parcial, sesgada, difícilmente desde ahí es posible encontrar acuerdos", ha destacado Argüello.

Sobre las declaraciones del ministro de la Presidencia y relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de que la Iglesia ha actuado de manera unilateral, Argüello ha dicho que "claro que es unilateral" y que responden "a una obligación no jurídica, sino moral".

Plan "subsidiario"

En cuanto al PRIVA, Argüello ha agregado que se fija especialmente "en querer ser un plan subsidiario", para cuando ya se han acabado vías jurídicas, civiles, penales, canónicas, e "incluso los posibles recursos de reparación civil de las consecuencias son vías cerradas". "Por eso nosotros con este plan decimos que la Iglesia mantiene la puerta abierta para poder escuchar a cualquier víctima. Para poder recibir su denuncia o acoger su dolor, y para responder con una propuesta de reparación integral", ha subrayado.

Además, el presidente de la CEE ha pedido perdón a las víctimas: "Aún sabiendo que las peticiones de perdón pueden parecer banales si no van acompañadas de estos hechos o de estas decisiones de las que ahora estamos dando cuenta", ha afirmado.

El plan de los obispos se aplicará a aquellas víctimas cuyos casos han prescrito o el abusador ha fallecido, que no pueden ser juzgados por la vía civil, penal o canónica, y contará con reparación económica. El plan, según adelantaron los prelados la semana pasada, "implicará una personalización de la misma y un acompañamiento técnico, psicológico, médico y también espiritual".

El PRIVA ha sido elaborado por el Servicio de Asesoramiento de las Oficinas para la protección de menores, y ha ido incorporando las observaciones de los obispos en sus distintas reuniones; las ideas recogidas en el Mensaje al Pueblo de Dios 'Enviados a acoger, sanar y reconstruir' (Plenaria noviembre 2023); las indicaciones del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos; del órgano de Compliance de la CEE; y de la CONFER. Recoge indicaciones del informe del Defensor del Pueblo, y de las reuniones con las víctimas, algunas de las cuales han trascendido y otras no.