La época covid trajo a los juzgados de Valladolid, como a tantos otros ámbitos laborales, un importante número de bajas. No obstante, con el paso del tiempo, ese problema, lejos de solucionarse, se ha agudizado para poner de manifiesto las carencias de un sistema de sustituciones que, a juicio del presidente de la Audiencia de Valladolid, Javier Carranza, no funciona bien. De hecho, este es uno de los problemas que denunció en la última memoria publicada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, correspondiente al año pasado.

Cada vez que se produce una baja en la judicatura, se recurre a los jueces voluntarios, que son profesionales que previamente han definido en qué juzgados o audiencias quieren ejercer sus funciones. Sin embargo, en muchos casos se produce una incompatibilidad de señalamientos, es decir, estos profesionales no pueden compatibilizar los procesos en los que están inmersos con las bajas que tienen que cubrir. Cuando eso pasa, se recurre a los jueces externos. Valladolid tiene asignados nueve, pero, a efectos prácticos solo cuenta con cuatro, porque solo se presentaron ocho candidatos a estos puestos y cuatro de ellos renunciaron después. Además, estas cuatro juezas han estado 'bloqueadas' al hacerse cargo de sustituciones de larga duración.

Así que en los últimos meses ha sido necesario recurrir a un 'tercer nivel': los jueces externos comunitarios. Una lista que creó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León hace dos años con capacidad de trabajar en cualquier sala de la Comunidad en la que se les requiera.

El año pasado se produjo un «ingente» número de nombramientos de jueces sustitutos externos como consecuencia de concursos de traslado, comisiones de servicio y bajas por enfermedad. Unos profesionales que han generado «varias incidencias por su escasa experiencia, por su renuncia inicial a la sustitución e, incluso, por su renuncia sobrevenida a una sustitución ya iniciada», tal y como explica Carranza. «Es un problema que cuando yo llegué aquí, hace cinco años, no existía, y que surgió cuando, a partir del segundo año, se redujo el número de jueces sustitutos», recuerda. Algunos renunciaron y otros iniciaron otra estapa profesional. Es el caso, por ejemplo, de Irene Carvajal, que pasó a la política de la mano de Vox y hoy es primera teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultural del Ayuntamiento de Valladolid.

Según el presidente de la Audiencia, «no es lo más conveniente que los juzgados estén atendidos por jueces sustitutos externos», una figura no profesional que está pensada para «determinados supuestos», de unos días de duración, y no de forma estructural.

Los que hay ahora

Valladolid tiene en la actualidad siete jueces sustitutos externos en ejercicio. «Son muchísimos», opina Carranza. Están en los Juzgados número dos y tres de Medina del Campo, en el único que hay en Medina de Rioseco, en el Juzgado 4 de lo Social de Valladolid, en el número 3 de Primera Instancia (de Familia), el Juzgado de Menores y el de Primera Instancia número 5.

¿Cómo solucionar este problema? El presidente de la Audiencia Provincial tiene claro que el sistema actual no funciona y cree que algunas de las medidas para mejorarlo pasan por aumentar la retribución de los jueces sustitutos profesionales. También es partidario de aumentar los nueve externos que tiene asignados Valladolid, «ya que la experiencia de los últimos cinco años demuestra que más de la mitad de ellos renuncia en la primera ocasión en que son llamados o declinan actuar en ciertas jurisdicciones». En este sentido, también reclama «aumentar el rigor» a la hora de elaborar las listas de jueces sustitutos externos, de modo que, aparte de otros factores, también se tengan en cuenta «sus antecedentes de renuncias injustificadas u otras incidencias negativas».