La polarización que domina el panorama nacional contamina la campaña de las elecciones europeas del 9-J. Aunque el mayor enemigo de todas las formaciones será la abstención, ya que estos comicios son los que menos movilizan al electorado.  A pesar de que el 75,2% de los encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) cree que pertenecer a la Unión Europea (UE) «más bien nos ha beneficiado como país» y que, dado el contexto internacional de inestabilidad, un 62,1% considera que estas son más importantes que otras anteriores.

La crisis climática y las medidas aprobadas por la UE para combatirla, especialmente la Agenda 2030, centran en Valladolid el debate en la campaña de las elecciones del 9 de junio.

¿Cómo afrontar el cambio climático?
El Pacto Verde Europeo es un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. Las decisiones que se pueden tomar tras las elecciones del 9-J marcarán un punto de inflexión crucial en la política climática en Europa. 

Por un lado, las organizaciones ecologistas han pedido que 2024 se convierta en un año decisivo con el fin de que el Parlamento Europeo proteja a las personas a través de políticas transversales en materia climática, ecológica y social. Pero las empresas de energía eólica, que están invirtiendo masivamente en la provincia, también tienen propuestas. Y piden un Plan de Acción de Electrificación que apunte a un 35% de electricidad en la combinación energética para 2030 (frente al 23% actual).  Esto conllevaría, por ejemplo, ayudar a la industria pesada a electrificarse y así afrontar la descarbonización.

El PP no incluye ninguna medida concreta en su manifiesto para estas elecciones y solo hablan de la transición energética como una oportunidad. El candidato del Partido Popular al Parlamento Europeo, el exprocurador por Valladolid Raúl de la Hoz, ha centrado el mensaje climático en acusar a los socialistas de aplicar un «sectarismo ideológico» que ha llevado «a colocar en una balanza la lucha por la protección del medio ambiente con la defensa del sector ganadero y agrícola». 

Por su parte, los socialistas apuntan en su programa nuevos instrumentos de fiscalidad ambiental para que las empresas sean más respetuosas con el medio ambiente, además de mantener su apoyo a las energías renovables.

Entre los diez puntos del programa de Vox, aparece a derogar el Pacto Verde Europeo y combatir la Agenda 2030 para revertir lo que consideran «nefastos» resultados. En el otro extremo, Podemos y Sumar apuestan por una estrategia de diplomacia climática para la UE y su liderazgo en la lucha contra la emergencia climática en los foros multilaterales.

¿Qué propuestas hay para ayudar al campo?

El campo, los agricultores y los ganaderos, tiene un lugar preferente para la mayoría de las formaciones. La Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad de aquí a 2030 tiene como objetivo contribuir a recuperar la biodiversidad de Europa de aquí a 2030. Esto reportaría beneficios para las personas, el clima y el planeta, pero ha encontrado mucha contestación en este sector.

Los datos del Observatorio Agroalimentario 2023 Castilla y León, conocidos hace unos días, evidenciaban que «la innovación y la internacionalización del sector están en entredicho». De hecho, su director, Juan Carlos Margarita, denunció que «hay una legislación cada vez más intervencionista, donde las exigencias medioambientales están provocando una competencia desleal de otros países externos a la UE».

Desde el PP se compromete el refuerzo de la Política Agraria Común y asegurar la competencia leal «con costes justos para todos». Además, también han anunciado en campaña su intención de proponer un pacto europeo del agua, exigir la rebaja del IVA de la carne, el pescado y la conserva y, también, la reforma de los seguros agrarios. Unas propuestas que derivan de considerar  la figura del ganadero y el agricultor, en representación del sector primario, como «solución» a los problemas medioambientales y de despoblación que existen en el medio rural.

El PSOE, por su parte, propone una transición verde que asegure la «prosperidad» de las zonas rurales y tenga en cuenta las realidades agronómicas, así como las necesidades de sus productores, especialmente de explotaciones familiares. Los socialistas también plantean simplificar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), su sincronización con las leyes ambientales y alternativas viables, concertadas con el sector; y sugieren que la nueva biotecnología «no transgénica» beneficie al campo.

Vox también quiere impulsar la PAC para que contribuya a la viabilidad de las producciones, así como lograr precios asequibles para los que compran y un margen de rentabilidad a los que venden. De hecho, su cabeza de lista, Jorge Buxadé, defendió esta semana  que «no se pueden defender los intereses del campo de Valladolid, de Castilla y de León o de España, sin haber escuchado los problemas reales, que es lo que no hace la Comisión Europea».

Una línea distinta se defiende desde Sumar, que aboga por destinar el grueso de la PAC a cambiar de modelo: primando la agroecología, y el pago por servicios ambientales, entre otros.  Además, prometen acabar con las macrogranjas. Por su parte, Podemos propone que la PAC plantee ayudas dignas «sin exclusión de sectores» y con los agricultores activos como prioridad, entre otras medidas.

¿Qué efectos tiene en la industria de la automoción?

El objetivo de la Estrategia Industrial de la UE es apoyar a la industria en su papel de acelerador y motor del cambio, la innovación y el crecimiento, a la vez que se pretende que  lidere la transición ecológica y digital. Aunque la patronal europea de fabricantes (Acea) ha planteado modificaciones a la política de la Comisión Europea al abogar por la competencia y criticar el proteccionismo. «Europa y la industria automotriz se encuentran en un momento crítico. Los desafíos son enormes y hay mucho en juego. Se requiere una acción coordinada urgente por parte de los responsables políticos europeos», afirman. Y recuerdan que la transformación hacia la sostenibilidad trae consigo cadenas de valor completamente nuevas que Europa aún no ha desarrollado por completo.

El PP votó en contra de la prohibición del motor de combustión para el año 2035 y en campaña ha reiterado su compromiso de «posponer la fecha de prohibición». Los populares muestran su «apoyo» a este sector, aunque también a la «alternativa» que es el coche eléctrico. «Las dos son compatibles con el medio ambiente», defienden. Una línea que también defiende Vox, que promete la revitalización de la industria de la automoción y sus componentes.

Desde el PSOE se defienden los resultados positivos de las ayudas del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) en sus dos líneas, de baterías y de la cadena de valor industrial, que ya alcanza su tercera convocatoria. De esta financiación depende, por ejemplo, la instalación de la gigafactoría proyectada por la multinacional Inobat en Valladolid. Pero también ha beneficiado a empresas como Renault. Además, los socialistas apuestan por impulsar una «revolución industrial con tecnologías circulares y de cero emisiones» que genere «empleo de calidad».

¿Se puede revertir la despoblación?

Todos los partidos coinciden en que la curva demográfica del continente describe una tendencia preocupante a la baja.  Aquí se acaba el consenso y la polarización es total a la hora de plantear políticas para revertir la situación.

El modelo social europeo está acorralado por el reto demográfico, particularmente acuciante en España. Las proyecciones indican que Europa empezará a perder población a partir de 2050. El Partido Popular presentará una batería de medidas destinada, por un lado, a facilitar la vida de las familias, que contribuyen con su esfuerzo a asegurar nuestro futuro; y, por el otro, a favorecer a los jóvenes europeos, cuyo derecho a construir una vida próspera ha sido con frecuencia desatendido e ignorado.  También se comprometen a potenciar los servicios sanitarios, mejorar las políticas educativas, facilitar el acceso a la vivienda y combatir la discriminación en toda la Unión Europea. 

El PSOE ve prioritaria la puesta en marcha de una estrategia europea de lucha contra la despoblación que mejore las condiciones de  regiones como la castellano y leonesa, en especial la oferta de servicios básicos. Un paso básico para que nadie se vea forzado a tener que dejar su tierra porque no cuente con los servicios básicos esenciales. Y destacan que, gracias al Plan de Recuperación y Resilencia, se ha podido ganar, por primera vez, la batalla de la despoblación, dado que sus inversiones han permitido hacer realidad los proyectos de muchos ayuntamientos y «muchas oportunidades de futuro han ido encontrando convocatorias donde hacerse realidad».

La propuesta de Vox mira hacia la inmigración ilegal y el «grave» problema de inseguridad e identidad, que consideran que supone. «Reclamaremos acuerdos con países de tránsito para que controlen la inmigración ilegal y acepten las devoluciones de expulsados», aseguran.

Por su parte, Podemos propone incorporar el factor de la despoblación entre los criterios de reparto de los Fondos Estructurales y de Inversión. 

¿Seguirá la política de ayudas de la UE?

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pretende gestionar un total de 163.000 millones de euros, lo que equivale al 12 % del PIB, en el periodo 2021-2026, que se unen a los 36.700 millones de euros de los Fondos Estructurales del marco financiero plurianual 2021-2027. Estas subvenciones priorizan las inversiones para mejorar las transiciones digital y ecológica y el impulso de la competitividad.

Aunque las exigencias de justificación y ejecución han motivado que, después de tres años, solo un 45% de estos fondos se ha adjudicado a beneficiarios finales, según un reciente estudio. Y colectivos como la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) piden una dotación equitativa de fondos, cruciales para la competitividad del sector, ya que recuerdan que necesitan ayudas para mitigar costes energéticos y de materias primas, además de para proyectos estratégicos que permitan eliminar barreras y promover la innovación en el sector agroalimentario.

Un problema que también afecta a otra gran línea de ayudas, la de la PAC. De hecho, las últimas protestas de los agricultores motivaron que el Ejecutivo comunitario elaborara una serie de medidas a corto y medio plazo para aliviar la carga administrativa de los agricultores. En el paquete, el ejecutivo de la UE propone una metodología revisada para el control mediante imágenes del sistema europeo de satélites Copernicus, en un intento de reducir hasta en un 50% el número de visitas a las explotaciones por parte de las administraciones nacionales. 

La mayoría de los partidos no incluyen propuestas de nuevos fondos de financiación, aunque es una línea que se ha mantenido en el tiempo.