La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) Castilla y León propuso hoy en Valladolid medidas fiscales "ventajosas" para cubrir los "cientos" de puestos periféricos, ultraperiféricos y de difícil cobertura en zonas rurales y de montaña de la Comunidad, que siguen vacantes al ser poco atractivos para los empleados públicos.

El presidente autonómico de Csif, Benjamín Castro, se refirió a los profesionales sanitarios pero también en otros ámbitos de la administración general. Puso el ejemplo de una pediatra en Guardo (Palencia) o mujeres que cubren algunas de las categorías de sanidad y servicios sociales, a las que se puede atender su maternidad, o mejorar las condiciones de los facultativos para la investigación, la aplicación y el tratamiento con nuevas tecnologías en todos los puestos. Apostó por soluciones "imaginativas" y fórmulas "atractivas" para tratar de retener a los nuevos sanitarios en esos puestos de difícil cobertura, en lugar de irse a los centros de una gran ciudad de España, donde tiene más posibilidades de ascenso y un mayor desarrollo profesional. 

Por otro lado, se refirió a la actualización del pago de kilometraje para los empleados públicos que se desplazan con su vehículo particular para trabajar. Un acuerdo que, precisó, Csif se opuso tras elaborar un informe y proponer un coste de 0,31 euros por kilómetros, aunque luego se quedó corto. La Junta elevó la cuantía a 23 céntimos aunque, luego, el Gobierno central subió la cuantía que no tributa en el IRPF a 26 céntimos.

"Cualquier empresa debe dotar a sus trabajadores para prestar sus servicios pero es algo que no ocurre en sanidad ni en educación por que tienen que utilizar su coche. Además, la Junta no les devuelve lo que han puesto de su bolsillo. Es algo que no se ha visto en ninguna parte", sentenció. De ahí que reclamara a la administración autonómica elegir entre pagar, como mínimo, lo gastado o dotar de vehículos a todos los empleados que lo necesitan. 

Con motivo de la presentación sobre acción sindical y retos del sindicato en Castilla y León en 2024, Benjamín Castro aseguró que Csif tiene ideas y solo desea que se les escuche. No en vano, aseveró que las organizaciones sindicales plantean mejoras con conocimiento de causa, ya que son los profesionales que prestan los servicios públicos, por lo que deben ser escuchados. También valoró la importancia de la negociación "real" de las relaciones de los puestos de trabajo (RPT) tras recordar que, en ocasiones, los políticos entienden como "antojo" de que los sindicatos "proponen cuestiones por proponerlo". 

Y es que el líder sindical dejó claro, según recogió la Agencia Ical, que Csif no tolerará que los políticos "normalicen" el mal funcionamiento de los servicios públicos al considerar que es el mensaje que trasladan a la ciudadanía como algo "inevitable" para justificar su "incapacidad" como gestores y así eludir responsabilidades. "Que no cuenten con la colaboración de Csif para ir por este camino", sentenció. 

Castro lamentó que la Junta no haya aprendido nada de la pandemia del COVID después de comprobar la saturación de la Atención Primaria con el aumento de los contagios por los virus respiratorios o los problemas que sufren los usuarios al acudir a las oficinas y servicios de la Administración General de la Junta o al ir a las dependencias judiciales y de la Administración General del Estado.

Para ello, Csif demandará la equiparación y la mejora salarial; el reforzamiento y rejuvenecimiento de las plantillas y la concreción de acuerdos en Función Pública "claramente" beneficiosos y positivos. Castro recordó que la renovación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta, o la actualización de la Ley de Función Pública son acuerdos pendientes, que mejorarían las retribuciones y las condiciones laborales, o revisaría las tareas competenciales.

Por todo ello, Castro hizo hincapié en la trascendencia de las elecciones sindicales que se celebrarán el próximo mes de marzo en los sectores de Sanidad y de la Administración General de la Junta, donde están llamado a votar unos 80.000 trabajadores, para renovar la representación de los empleados, ante la "grave" situación de los servicios públicos.

De entrada, Csif ya ha solicitado a la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, iniciar la negociación de un nuevo acuerdo retributivo para los empleados públicos, que tenga en cuenta la equiparación salarial, una petición que también exige a la Junta de Castilla y León.

El presidente autonómico de Csif alertó que el 32 por ciento de las plazas totales de la RPT de la Administración General de la Junta está vacante en este momento, es decir, 5.613 puestos. Asimismo, el 48 por ciento de los empleados públicos de la Junta se jubilará en los próximos diez años. Son 48.000 personas, más de 15.000 en los sanitarios y más de 14.000 entre los docentes. Unos datos que debe hacer al Ejecutivo autonómico reaccionar con "urgencia", "planificación" y "responsabilidad". 

En este sentido, declaró que el sindicato presentó en octubre al consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, un plan para la reposición y cobertura de puestos de los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Castilla y León', para aplicar en el trienio 2024-2026, del que no han tenido respuesta. 

Los procesos de estabilización laboral en Sacyl será uno de los asuntos de atención de Csif en los próximos meses. De momento, se han iniciado los concursos de técnicos especialistas, pero el sindicato independiente teme que la aplicación informática, con la que se está gestionando la estabilización quede colapsada, por su limitación en la admisión del número de peticiones, cuando llegue la solicitud masiva de los profesionales de las categorías numerosos (enfermería, TCAE y celadores). También, estará sobre la mesa el decreto de la carrera profesional, que urge "modernizar" y una adaptación.

El pago del complemento de los sábados de turnos ordinarios a todos los trabajadores de Sacyl, o la extensión del solape a otros grupos que tienen derecho a ello son otras peticiones de Csif, al igual que un nuevo decreto de carrera profesional en Sanidad, o reclamar más personal en los centros de salud y hospitalarios. Además, Benjamín Castro está pendiente la reforma y mejora de Atención Primaria.

Preguntado por medidas de presión, el responsable de Csif no descartó "absolutamente nada" aunque confesó que no le gusta empezar el año anunciando este tipo de acciones. "Tiempo habrá", concluyó.