La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, advirtió ayer que la Comunidad no puede estar fuera de la ley respecto a ignorar los controles a la tuberculosis bovina para evitar que se extienda la enfermedad, y exigió que no se banalice con estos asuntos, máxime cuando la sociedad acaba de pasar una pandemia que se transmitió de animales a personas.

Barcones, que asistió a la asamblea de la cooperativa Copiso en Soria, señaló que el Ministerio ha intentado contactar con los responsables de la Consejería de Agricultura en reiteradas ocasiones pera han hecho caso omiso y «por su dejadez ponen en peligro a todos».

Asimismo, defendió que científicos, veterinarios, ganaderos y el Gobierno defienden que la «ideología» no puede arruinar a los ganaderos por decisiones que, «en términos objetivos, escapan al sentido común».

"Esto no se trata de dejar hacer o que el Gobierno de España tenga que decir hasta aquí, porque ponen en peligro a la cabaña ganadera de España y del resto de Europa", expresó para recordar que la sociedad vivió hace poco una pandemia donde una enfermedad animal llegó a las personas «con unas consecuencias trágicas".

Es por ello que la delegada del Gobierno pidió a la Junta «un mínimo de responsabilidad» y que «deje de poner en peligro la economía de tantas familias que se dedican a la ganadería».

«La ideología no vale para arruinar a todos los ganaderos de Castilla y León en una cosa que es absolutamente absurda, porque la normativa es clara y no lo digo yo, sino los implicados en el proceso: científicos, veterinarios y los propios ganaderos», reseñó.

Precisamente, en el mismo acto se encontraba el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, quien consideró que la orden del Gobierno que limita el movimiento del ganado bovino en Castilla y León ante casos de tuberculosis bovina, y que contradice la resolución de la Junta para flexibilizar estos movimientos, «es similar al 155».

En declaraciones recogidas por Ical, Dueñas apuntó que la Junta «no ha cambiado su forma de proceder» con respecto a la normativa relativa a la tuberculosis bovina. No obstante, aseguró que, para impedir los perjuicios de la orden ministerial, la Junta «no se opone» a que sea el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el que suspenda la resolución.

«Esto no quiere decir que la nuestra no sea legal», matizó Dueñas, que apuntó hacia la vía contencioso-administrativa contra el Gobierno de España para «exigir que se permita el movimiento de ganado» en la Comunidad para «no perjudicar al sector».

Por otro lado, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, solicitó ayer mismo la comparecencia del consejero en las Cortes para explicar la gestión de este problema.