Pagar hasta un 75 por ciento más las guardia cuando el profesional sanitario la realiza en un centro distinto al suyo, flexibilizar el horario y la jornada laboral, computar el doble en la carrera profesional cuando permanezca tres años en un puesto de difícil cobertura o fijar ayudas al desplazamiento y alojamiento. Estas son algunas de las medidas de choque incluidas por Partido Popular y Vox en la Proposición de Ley para atajar por ley el problema de falta de profesionales en los puestos de difícil cobertura registrada ayer en las Cortes de Castilla y León. La segunda iniciativa legislativa presentada en mes y medio por los grupos que sustentan el Gobierno autonómico persigue una «doble finalidad», tal y como explicaron los portavoces parlamentarios de PP y Vox, Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez.

La normativa, que saldrá adelante en las Cortes gracias a la mayoría absoluta que ostentan, busca por un lado conseguir la «atracción y retención de forma continuada y estable» de profesionales sanitarios para cubrir puestos que «de manera estructural permanecen vacantes» y garantizar la realización de la actividad asistencial «que de forma coyuntural no pueda ser atendida por el personal sanitario fijo o temporal».

Ambos coincidieron en defender que este paquete de medidas es el «más completo y más ambicioso» de todos las que los gobiernos autonómicos están planteando para paliar uno de los «grandes problemas» a nivel nacional como es el «déficit de profesionales». De la Hoz fue el encargado de exponer las líneas generales de una proposición de ley que Menéndez, valoró que da respuesta a problemas estructurales y desarrolla algunos puntos del acuerdo de gobierno en relación con el servicio de salud, sanidad rural o mundo rural.

Paquete de medidas

Cubrir aquellos puestos de difícil cobertura y las actividades de difícil prestación son los dos problemas sobre los que incidirá la nueva normativa. Para hacer frente a las primeras, habrá medidas como «convocatorias de concurso específicas para cubrir estos puestos concretos» en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la ley; un complemento retributivo que se fija en 6.000 euros anuales para los médicos especialistas y 1.300 para enfermeros, algo que ya estaba recogido en el decreto de 2019, ha especificado; «también se establece un incentivo a través de la carrera profesional, es decir, estar después de tres años en el mismo puesto computa el doble a efectos de la percepción de la carrera».

Entre los incentivos «no económicos», se encuentran el cómputo del doble del tiempo de los servicios prestados para las bolsas de empleo, «es decir, si uno está un año en un puesto de dividir cobertura, le computaría como dos a efectos de fundación para las bolsas de empleo». Igualmente contempla el establecimiento de medidas de flexibilización de horario y jornada, y la fijación de ayudas al desplazamiento y al alojamiento.

Difícil prestación

En cuanto a las medidas para paliar las «actividades de difícil prestación», habrá tres tipos de actuaciones. La primera tiene que ver con la atención continuada en otro centro, que permitirá que un sanitario que está en un centro de salud pueda hacer guardias en otro distinto en el que desarrolla su actividad, recibiendo por ello un complemento al importe que se perciben por las guardias y que se «eleva al 75%» del precio. En segundo lugar, está la gestión compartida, para que los centros de salud geográficamente próximos puedan acordar «una gestión compartida de las guardias entre los profesionales de uno y otro centro, para así atender las guardias de los dos centros sin que existan lagunas en la prestación». Y, por último, la suspensión voluntaria de la exención de las guardias para los mayores de 55 años. 

Tudanca: «Más vale tarde que nunca»

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, felicitó a los grupos Popular y Vox por «rectificar» y presentar una proposición de ley sobre incentivos para las plazas sanitarias de difícil cobertura. «Más vale tarde que nunca», dijo, para señalar que aunque «las cosas de palacio van despacio», tras cinco años sin aplicar en su opinión el decreto de 2019, presentan ahora una proposición de ley para poner en marcha el sistema recogido en ese texto legislativo de hace cinco años. «Bienvenidos», dijo el dirigente socialista, quien en tono irónico les dio la «enhorabuena» porque a su juicio ahora «han visto la luz» y se ha producido la «conversión».