El sistema de bicicleta pública de Valladolid BIKI, desde que se puso en marcha el 1 de febrero del año pasado, da servicio a todos los distritos de la ciudad, permitiendo que el 80 por ciento de la población disponga de una estación a menos de 250 metros de su casa o trabajo. El actual equipo de Gobierno tenía claro que el siguiente paso debía basarse en la extensión del servicio al primer cinturón del área metropolitana para conectar la capital con algunos municipios.
Así, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, presentaba a bombo y platillo el primero de los acuerdos con un pueblo del alfoz. Fue en septiembre de 2023 con Zaratán. El regidor de la localidad, Roberto Migallón, junto con el munícipe de la capital rubricaban un protocolo de actuación para la instalación de dos estaciones de servicio en el pueblo con 22 bicicletas eléctricas (once cada una).
Carnero anunciaba entonces que BIKI sería una realidad en el pueblo durante el primer semestre de 2024 e incluso fue un poco más lejos. «Podrían estar antes de Semana Santa», indicó el alcalde de la capital. Por su parte, Migallón, señaló que, aunque aún no había determinado el punto exacto en el que se iban a ubicar estas paradas, sí tenía claro que una se encontrará en el centro y otra en la urbanización de Palomares.
Tan solo unos meses más tarde. En junio de este año, La Cistérniga y Santovenia de Pisuerga se incorporaban al sistema para llevar BIKI a sus vecinos tras la firma del mismo protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid. En este caso, no se ofrecieron fechas concretas, aunque era de suponer que la puesta en marcha del servicio sería más breve teniendo en cuenta que ambos municipios disponen de carril bici que llega hasta la capital.
Sin fecha concreta.
Pues bien, cuando estamos ya en noviembre ninguno de tres ayuntamientos tiene una fecha concreta para la puesta en marcha del servicio a pesar de haber aprobado en pleno el acuerdo con el Ayuntamiento de Valladolid e incluso tener ya seleccionados los puntos exactos donde se instalarán los préstamos de bicicletas.
Tanto en el caso de Santovenia como en La Cistérniga, ambos equipos de Gobierno ya han decidido que dispondrán de dos ubicaciones para la instalación de BIKI con once bicicletas en cada una. El pago que realizarán estos ayuntamientos una vez que comience a funcionar el servicio será de algo menos de 100.000 euros, y la mensualidad a pagar al Consistorio vallisoletano rondará los 1.000 euros, aunque no será una cantidad fija, sino que dependerá del número de usuarios que lo utilicen.
Ambos alcaldes se muestran satisfechos por la implantación del sistema, pero no tienen una fecha concreta para su inicio. «Imagino que será a finales de este año o a principios de 2025», aclara la regidora de Santovenia, Toñi Saez de Santamaría. «Ya hay bastantes usuarios del servicio en el pueblo a pesar de que no está instalado y la verdad es que nos vendría muy bien porque no se tarda nada en llegar a la ciudad y más ahora que tenemos el nuevo carril bici», comenta.
El regidor de La Cistérniga está en la misma situación. Ya ha decidido donde se ubicará uno de los dos puntos de préstamos y aún mantiene sus dudas sobre el segundo. «Estarán en los lugares idóneos de entrada y salida», comentó. Aunque, al igual que su homónima de Santovenia, desconoce cuándo se pondrá en marcha el proyecto: «Aprobamos el acuerdo en el mes de septiembre y ahora estamos a la espera».
La situación de Zaratán es incluso más llamativa, ya que la presentación de su acuerdo es anterior. «Esta semana sale a licitación la obra del carril bici. Será una adecuación de aceras del Camino del Prado, una de ida y otra de vuelta, conviviendo con los peatones. El convenio con Auvasa ya está firmado. Poco más puedo decir a día de hoy», reconoce el regidor.
Así, a pesar de que en 2023 se publicitó que BIKI llegaría a esta localidad, la realidad es que aún no hay carril bici que una ambos municipios y no existe ninguna previsión de arranque del servicio, ya que no arrancará hasta que no termine el carril bici. Desde el Ayuntamiento de Valladolid achacan este retraso a la lentitud de los municipios en la tramitación administrativa.